Coalición duquista se reafirma en que esa es la dimensión del vacío que heredó.

La principal justificación del Gobierno para presentar el proyecto de ley de financiamiento (reforma tributaria) es cubrir el hueco fiscal de $14 billones que asegura dejó Juan Manuel Santos.

No obstante, ayer funcionarios de la anterior administración rompieron el silencio señalando que el faltante no suma $5 billones.

“El gobierno Duque está en todo su derecho de aumentar el gasto, pero debe justificarlo con argumentos claros sobre la necesidad de aumentar el tamaño del Estado y dar por concluido el proceso de reducción del gasto público que se inició en 2015. También debe conseguir los recursos adicionales para financiar los nuevos gastos. Esa es una decisión política, es su responsabilidad, debe asumirla y defenderla, en lugar de seguir diciendo que el gobierno saliente le dejó un faltante de $14 billones porque no es cierto. El faltante que dejó el gobierno anterior no suma $5 billones y para su financiación se dejaron planteadas alternativas durante el empalme, relacionadas con los excedentes del Sistema General de Regalías y los mayores ingresos que recibirá el Gobierno nacional provenientes del petróleo, entre otras”, señaló en un comunicado el equipo económico de Santos.

Añadió que “el presupuesto de funcionamiento e inversión del gobierno se redujo de 20,4% del PIB en 2014 a 18,7% del PIB en 2018. Esto se logró gracias a medidas adoptadas en los presupuestos aprobados, así como a los recortes que fueron necesarios para asegurar el cumplimiento de las metas en materia de déficit. Para ese efecto fueron indispensables las medidas adoptadas por medio de Directivas Presidenciales, así como las normas que prohibieron cierto tipo de gastos, como la compra de sedes y vehículos, que fueron incluidas una vez más, sin modificación, en la ley de presupuesto para 2019, recientemente aprobada”.

Señala también el comunicado, que el manejo de las finanzas públicas se enmarcó en la Regla Fiscal, que “se ha cumplido cabalmente como lo ordena la ley y como lo acaba de constatar su Comité Consultivo en informe enviado al Congreso de la República el 5 de noviembre de 2018. El cumplimiento de esta normatividad, adoptada durante la administración Santos, ha sido fundamental para la generación de confianza por parte de los inversionistas y las calificadoras de riesgo”.

Agrega el equipo económico que acompañó a Santos en su administración, que “el Gobierno nacional presentó a consideración del Congreso en julio pasado un presupuesto para la vigencia de 2019 con gastos de funcionamiento e inversión que pasaban de 18,7% del PIB en 2018 a 18,2% del PIB en 2019; es decir, una disminución de 0,5% del PIB, cercana a $5 billones”.

Sin embargo, agregan que “el nuevo gobierno, por su parte, consideró que esa reducción en el gasto era inconveniente por el costo político, y dio marcha atrás. Lo grave es que no consideró hacer recortes en otras áreas, lo que automáticamente aumentó las necesidades de más recursos”.

Dicen también que en su modificación al presupuesto, el nuevo gobierno fue inclusive más allá y propuso un incremento en los gastos de funcionamiento e inversión no de $5 billones, sino de $25 billones inicialmente y, posteriormente de $14 billones. “El nuevo gobierno tomó deliberadamente la decisión de incrementar el presupuesto en $14 billones, que fue aprobado por el Congreso. Esa fue una decisión política deliberaba del nuevo gobierno y no producto de un ‘faltante’ que le dejó el gobierno anterior”, señalan los santistas.

Réplica

La respuesta a lo dicho por integrantes del anterior gobierno no se hizo esperar en la coalición duquista. Uno de los primeros en reaccionar fue el jefe del Centro Democrático, el senador Álvaro Uribe, quien en un trino dijo: “Tan claro el faltante presupuestal que dejaron, que sin el ajuste del presidente Duque el presupuesto de vivienda solo alcanzaría para pagar las deudas de las casas gratis”.

Indicó también el expresidente que “antes del ajuste presupuestal del presidente Duque faltaban $1,9 billones para cumplir con los mínimos de Prosperidad Social”.

En tanto que el senador Fernando Nicolás Araújo señaló que “el equipo económico del gobierno Santos reconoce que su intención era acabar los subsidios de energía al estrato tres y recortar Familias en Acción. Estamos buscando debajo de las piedras para encontrar la financiación de esos programas sociales que otros quieren eliminar”.

Araújo también puso en Twitter que “los $14 billones que hacen falta en el presupuesto son para financiar programas sociales y no se los inventó el presidente Duque. El gobierno anterior radicó un presupuesto con esos faltantes”.

Por su parte en días pasados el presidente Duque dijo que “cuando nosotros llegamos encontramos un presupuesto desfinanciado por $14 billones, y esto se discutió frente al Congreso. El Congreso mismo se dio cuenta del problema tan grande de tener desfinanciados los subsidios de energía”.