En carta, el Comité del Paro le solicitó al presidente Iván Duque “explorar posibilidades para retomar el diálogo” con ese grupo guerrillero

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En el pliego de condiciones que envió el Comité del Paro y otras organizaciones para la realización de un proceso de conversación le solicitaron al presidente Iván Duque “explorar posibilidades para retomar el diálogo con el Eln”.

En respuesta, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, reiteró ayer que el Gobierno ha sido claro en las condiciones bajo las cuales se deben dar unos eventuales diálogos. Estas son el cese de todas las actividades criminales y la libertad de todos los secuestrados en su poder.

“El Presidente ha dicho las condiciones en las cuales se deberían dar los diálogos desde el primer día. Déjeme recordar la comunicación que hace dos semanas le dirigieron al Eln señalando que el momento de la guerra había terminado y que era el momento de la paz, que las condiciones que estaba pidiendo el Gobierno eran razonables, pero que debían ellos tomar la iniciativa de que esos diálogos se dieran”, afirmó.

La misiva a la que se refirió el funcionario fue enviada hace tres semanas por un grupo de académicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil en la que le piden cumplir con las condiciones. “Le reclamamos con firmeza a la dirección del Eln considerar con seriedad y pragmatismo los condicionamientos fijados por el Gobierno, que creemos que son válidos y vigentes, para iniciar en forma inmediata una nueva fase exploratoria”, señaló la misiva.

Desde que las negociaciones entre el Gobierno y el grupo subversivo se terminaron en enero, tras el atentado a la Escuela de Policía General Santander, en el que fallecieron 22 jóvenes cadetes, el presidente Duque ha reiterado que el cumplimiento de las condiciones es irrestricto para poner en curso algún diálogo con esa guerrilla.

Durante su discurso de instalación de las sesiones ordinarias del Congreso, en julio pasado, afirmó que el Eln no puede seguir siendo “un obstáculo para una Colombia en paz” y rechazó entonces cualquier intento de reiniciar las negociaciones de paz con el grupo insurgente. “Aceptar cualquier aproximación a la paz con quienes mantienen los actos delincuenciales no es otra cosa que legitimar la violencia”, remarcó.

Congresistas

El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático y del movimiento Defendamos la Paz (una de las organizaciones que participó de la elaboración de la carta), afirmó que “lo que hemos planteado al Presidente de la República es un esquema distinto para abordar el diálogo con los temas que ha suscitado esta gran movilización nacional que lleva ocho días (ahora 10). Creemos fundamental que el Presidente asuma un diálogo serio”.

Señaló que un eventual proceso de diálogo se debe llevar a cabo “sobre la base de cumplir unas condiciones que están ya explicitadas, pero también que el Gobierno asuma el punto en que quedaron esas conversaciones. Como se recordará allí hubo unos acuerdos, una agenda pactada y entendemos que es el momento para desarrollarla. Sobre la base de un diálogo eficaz, democrático e incluyente”.

Cepeda manifestó que “hay que explorar los caminos. Recordemos que esto está en un punto muerto. Habría que buscar reactivar los canales para poder explorar esa posibilidad. Uno de esos canales que tal vez está a la mano es una delegación de paz que está en La Habana desde un tiempo largo y que puede ser esa vía de comunicación”.

Por su parte, el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, afirmó que el presidente Duque “siempre ha tenido la puerta abierta al diálogo con cualquier sector, incluso con el Eln, para empezar una cadena de diálogo con el fin de llegar a una posible solución a la violencia”.

No obstante, señaló que el Eln debe cumplir con las condiciones impuestas. “Incluso, cuando se rompieron los diálogos al inicio del gobierno Duque, el presidente dijo que estaba listo para tener unos diálogos, pero si el Eln no deja de asesinar, masacrar, violar, secuestrar, es muy difícil sin una clara voluntad de diálogo”.

En relación con un proyecto de reforma que busca evitar la conexidad entre delitos sexuales contra menores y el delito político, lo que algunos consideran podría ser un obstáculo para un eventual acuerdo, manifestó que “hay unos mínimos en los que debemos estar de acuerdo los colombianos y debe haber unos mínimos de acá al futuro para que cualquier grupo criminal sepa a qué atenerse y a qué someterse con un Estado legítimo, un Estado de Derecho, como el Estado colombiano. Yo creo que entre esos mínimos que no entren los delitos contra menores en una justicia transicional. Esos mínimos deben estar establecidos de forma clara para que no empiece una cadena de errores”.

El representante Carlos Ardila, del Partido Liberal, consideró “conveniente dialogar con el Eln. Es necesario que Colombia siga en la búsqueda de la paz. La paz con las Farc era un pedazo y nos queda faltando la paz con el Eln. Una paz sin el Eln es una paz incompleta, pero hay que dialogar con un agenda clara y posible de materializarse”.

La carta

En la carta enviada al Presidente, el Comité Nacional del Paro y otras organizaciones le solicitaron reevaluar el mecanismo de diálogo social. Señalaron que ni la forma ni el contenido de su propuesta de “Conversación Nacional” cumplen con esos requisitos mínimos y, por ende, no permiten avanzar en esta materia por lo que proponen que el diálogo tenga unas condiciones “mínimas”.

Entre estas señalan que la agenda contenga cinco grandes temas y gire en torno a las propuestas de la sociedad civil, y no de la política vigente del Gobierno.

Estos temas son: 1) pliego de peticiones del Comité Nacional del Paro sobre la política económica y social del Gobierno, y cumplimiento de los acuerdos suscritos con los movimientos estudiantil, campesino y sindical, los pueblos indígenas y afrocolombianos, raizales y palenqueros, las comunidades del Chocó y Buenaventura, y otros sectores sociales; 2) implementación integral del Acuerdo Final de Paz, y que se exploren posibilidades para retomar los diálogos con el Eln; 3) política de seguridad, derechos humanos y asesinatos sistemáticos de lideresas y líderes sociales, y de excombatientes de las Farc; 4) reforma política y electoral, normas y medidas para luchar contra la corrupción y agenda legislativa para cumplir con el mandato ciudadano de la consulta popular anticorrupción del 26 de agosto de 2018; y 5) medidas para garantizar los derechos de la naturaleza y la protección del medio ambiente.

As mismo, que se garantice “el ejercicio del derecho a la protesta, se desmilitaricen las ciudades y cese toda acción violenta contra las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía por parte de la Fuerza Pública y, en especial, del Esmad".