La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana que fue presentada por el presidente Iván Duque, define cambios drásticos en el modelo de vigilancia de la Policía en las calles, demanda la articulación de diferentes ministerios y entidades, prioriza el desarme general de la ciudadanía y pone a la salud mental como un factor importante para la prevención.

Con el fin de fortalecer la gestión integral de la convivencia y la seguridad ciudadana en Colombia, esta Política está compuesta por cinco ejes estratégicos: Cultura de Legalidad para los derechos y la paz; disrupción del delito; innovación, ciencia y tecnología; ciudadanía activa y la proyección institucional.

Entre los cinco ejes se destaca la Cultura de Legalidad, porque cumplir la ley es la base de la convivencia y de la democracia.

Además, resalta la disrupción del delito para romper las redes de valor de los negocios ilícitos, entre estos toda la cadena criminal del hurto.

Con respecto de disturbios en protestas, la Política habla de fortalecer la capacidad de los escuadrones móviles antidisturbios, de multiplicar su número, mejorar la respuesta, intensificar su entrenamiento, del mismo modo que la formación de sus integrantes en el uso de la fuerza en el marco jurídico de los derechos humanos, y como última alternativa.

En cuanto a la proyección institucional, determina la articulación, alineación y cumplimiento de la misión institucional de las diferentes entidades del Estado en la realización de la Política Marco.

Es por eso que esta Política demanda la articulación de diferentes ministerios y entidades en materia de Salud, Educación, Justicia, Cultura, Deporte, Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), así como protección de la niñez, entre otros.

De esta manera, la Política Marco ordena un 'revolcón' en el antiguo Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y adopta un nuevo modelo que busca el control efectivo de los espacios.

El nuevo modelo señala que no basta la observación y la reacción en los cuadrantes, sino que se requiere saltar al control efectivo de los espacios, por lo que todo el servicio de policía debe responder por los resultados.

No obstante, la política flexibiliza la planeación de los turnos de vigilancia y asignación de las zonas, horarios y modalidades de los uniformados y  promueve la iniciativa y el liderazgo del comandante de estación, para que, de acuerdo con las necesidades y el contexto, defina, ajuste o modifique el servicio de policía de vigilancia en su jurisdicción.

De igual manera, con el fin de terminar con las zonas de miedo en las ciudades y la impunidad, el nuevo modelo determina que se concentrarán todas las modalidades y especialidades de policía en los lugares más afectados por el delito. Para esto, se requiere de la implementación de tecnología, que incluye inteligencia artificial para análisis de datos y planeación del servicio de vigilancia, utilización de drones con plan de vuelo de policía y generalizar la grabación de los procedimientos de policía.

Con respecto a aumentar el control de las calles, se contempla un plan de reincorporación de 34.000 nuevos policías en 4 años y será racionalizado el recurso humano de la Policía Nacional, de forma gradual y progresiva.

Para garantizar la racionalización se implementarán las tres medidas, con las cuales se espera que cerca de 12.000 uniformados más estén disponibles en las calles en tareas de vigilancia y control.

Entre las medidas están el retiro de la prestación del servicio de control de tránsito en las ciudades (cabe resaltar que la Policía de Carreteras de mantiene); el retiro de la función de la prestación de servicios de protección, y la salida de personal uniformado del servicio administrativo.

Para articular la ejecución de la Política, se crea el Consejo de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que está en cabeza del Presidente de la República. También está integrado por los ministros de Defensa, Interior, Justicia, Educación, Salud, Cultura, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Deporte, así como la Consejería de Seguridad Nacional, la Dirección Nacional de Planeación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Entre tanto, el documento prioriza el desarme general de la ciudadanía, lo cual implica una persecución severa al porte y tenencia ilegal de armas, al igual que prioriza la protección de siete grupos poblacionales: los niños, niñas y adolescentes; mujeres, ante todas las expresiones de violencia; líderes sociales; personas en condición de discapacidad; garantía de derechos para la comunidad LGBTI; implementación de la ley del habitante de calle y medidas en contra de la xenofobia.

Por primera vez, una política de convivencia y seguridad ciudadana señala que el Gobierno Nacional reconoce los modelos de organización ciudadana que han desarrollado los pueblos indígenas para contribuir a su seguridad y convivencia, con las restricciones señaladas por la Corte Constitucional, que los excluye de actividades de inteligencia o de orden público.

Otros aspectos clave de esta política son la cultura de la Legalidad y valores democráticos se construyen en la familia, en el sistema educativo y en el conjunto de las relaciones sociales, orientadas a forjar los lazos de solidaridad, el respeto por las diferencias sociales y por la autoridad, así como por las normas que promueven la vida en armonía. De ahí la necesidad de consolidar familias fuertes y proteger los entornos.

Como novedad, se define que la salud mental es un factor importante en los comportamientos individuales y colectivos e inciden directamente en la convivencia y la seguridad ciudadana.

Finalmente, con el fin de contribuir a la tolerancia y a las buenas relaciones sociales, la estrategia considera indispensable promover políticas públicas en esta materia, y así superar las dificultades en la interacción que generan violencia, por la experiencia de eventos estresantes o traumáticos.