En respuesta al alarmante aumento del 18.7% en casos de quemaduras por pólvora en comparación con el año pasado, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, lidera un conjunto de regulaciones destinadas a restringir drásticamente el uso y manipulación de pólvora durante las festividades de fin de año.

El reciente decreto, firmado por los ministros de Interior, Defensa, Justicia y Salud, prohíbe la producción y manipulación de artículos pirotécnicos que contengan fósforo blanco, estableciendo restricciones claras sobre su uso. Luis Fernando Velasco enfatiza que "la seguridad de nuestros niños y adolescentes es una prioridad absoluta", refiriéndose a la prohibición total de venta y manipulación de pólvora a menores de edad y a personas bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

La normativa va más allá al crear la Mesa Técnica para la prevención de riesgos asociados a la actividad pirotécnica, integrada por los ministerios del Interior, Defensa, Transportes, Justicia, Salud, Ambiente y Comercio. Esta mesa se encargará de evaluar y gestionar los riesgos relacionados con la pólvora y productos pirotécnicos.

Las multas, que podrían ascender hasta los $230 millones de pesos, se impondrán a aquellos que incumplan las disposiciones del decreto. Además, se exige un permiso de la Alcaldía Municipal para cualquier evento público o privado que involucre pólvora.

En medio de estas medidas, el Ministerio del Interior lidera la campaña pedagógica 'La Vida Brilla Sin Pólvora', buscando concientizar sobre los peligros asociados con la manipulación inapropiada de la pólvora. Las cifras del Instituto Nacional de Salud revelan que ya son 387 personas quemadas, de las cuales 132 son menores de edad.

La iniciativa busca alinear las regulaciones con los derechos fundamentales de los colombianos, priorizando la vida, la integridad física y la salud, especialmente en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño. Estas medidas pretenden no solo disuadir el uso irresponsable de la pólvora, sino también establecer un marco efectivo para minimizar los riesgos asociados a la actividad pirotécnica en el país.