A bordo de un helicóptero Mil Mi-17, de fabricación rusa, proporcionado por la ONU, inició el proceso de entrega de los cofres en los que reposan los restos de las víctimas de la masacre de Bojayá, Colombia, ocurrida en 2002.
Entre el 11 y el 18 de noviembre, la Unidad para las Víctimas, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal, entregarán formalmente los cuerpos recuperados tras la masacre del 2 de mayo de 2002 en Bojayá, Chocó, al noreste del país.
Este lunes comenzó el proceso de la llegada de los restos mortales, el velorio y el entierro colectivo de 79 cuerpos.
Muchas de las víctimas perdieron la vida cuando una pipeta de gas estalló en el centro de la iglesia católica de Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, donde se resguardaban de las acciones violentas durante los enfrentamientos entre el Bloque Elmer Cárdenas de las Auto Defensas Unidas de Colombia (AUC) y los frentes 5, 34 y 57 del Bloque Móvil José María Córdova de la extinta guerrilla de las Farc.
Después de 17 años de la masacre, el Estado logró la identificación de casi 80 cuerpos y acordó con la comunidad llevar a cabo un acto de dignificación a sus muertos según sus usos y costumbres.
“Bajo sus principios y sus costumbres, la Unidad para las Víctimas apoyará este proceso, que nos demanda una inversión entre 1.500 y 2.000 millones de pesos con los que estamos garantizando el transporte de las comunidades, la alimentación y alojamiento de todos los días que ellos requieren”, dijo el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez.
En Bojayá hay tres sujetos de reparación colectiva: la Comunidad Afro de Bellavista, los Consejos Comunitarios de Bojayá y las Comunidades Indígenas de Bojayá.
Cabe recordar que el 6 de diciembre de 2015, durante el acto de reconocimiento de responsabilidades por parte de las Farc a la comunidad, los líderes del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá manifestaron que las exhumaciones, identificación y entrega digna eran una prioridad para la comunidad, en el marco del proceso de reparación colectiva que estaba iniciando por parte del Estado luego de la firma del acuerdo de paz.