En un dolor de cabeza se ha convertido para el Gobierno nacional la prórroga por una vez más de la Ley 418 de 1997, de Orden Público, proyecto al que le dio mensaje de urgencia porque la vigencia de la misma finaliza el próximo 18 de diciembre.

El pasado martes las comisiones primeras levantaron la sesión porque no asistieron los representantes del Ejecutivo y los ponentes; en tanto que este miércoles a pesar de que hizo presencia la ministra del Interior, Nancy Gutiérrez, no hubo consenso sobre nuevos artículos que el texto pretende incluir. La preocupación en la Casa de Nariño es tanta, que la Ministra dijo que esta norma se necesita para un eventual proceso con el Eln.

Llama la atención este pronunciamiento de la Ministra del Interior porque es la primera vez que públicamente este Gobierno manifiesta de forma directa un interés de seguir el diálogo con esta guerrilla, proceso que dejó montado la administración Santos con una mesa de negociación en La Habana que alcanzó a llegar hasta el sexto ciclo.

Vale recordar que en su posesión el presidente Duque anunció que se tomaría 30 días para analizar cuidadosamente si existían las condiciones para seguir los diálogos con el Eln. Al final de ese plazo que se dio le advirtió a esta organización que reiniciaría el proceso solo si liberaba todos los secuestrados y le ponía fin a sus acciones terroristas, argumento que se ha repetido en diversas oportunidades en los ya más de tres meses de gestión de la actual administración.

En comisiones primeras conjuntas, la ministra Nancy Patricia Gutiérrez explicó que este proyecto “tiene una especial importancia y es que está de por medio un posible proceso con el Eln, sobre el que Iván Duque se ha pronunciado públicamente, afirmando que tiene la mano tendida, siempre y cuando se devuelva a los secuestrados y haya un compromiso de cesar la violencia”.

“Este proyecto tiene vigencia de cuatro años porque es el marco que le permite a un nuevo gobierno una decisión frente a un nuevo proceso”, sentenció.

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La ministra Gutiérrez señaló que las modificaciones de este proyecto obedecen a que la coyuntura actual no es igual a la de hace cuatro u ocho años. “Este gobierno, que ha tomado tan en serio la necesidad de darle estabilidad al país y ha llevado al presidente Iván Duque a desplazarse, al territorio colombiano, a los sitios de mayor dificultad y confrontación para tener de primera mano la percepción y definir cómo enfocar la solución de los problemas, caracterizada territorialmente”.

Por lo tanto, la jefa de la cartera política consideró que “esa permanencia, en el territorio, nos permite ver que no son las mismas circunstancias de violencia. Se requiere una estrategia especial para el momento que vive el país”.

La Ministra advirtió que, con esta iniciativa, no se acaban los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, y “se crean unas zonas especiales que están identificadas como resultante del acuerdo de La Habana. Se proponen zonas estratégicas de intervención integral que obedecen a una lógica de seguridad nacional, es decir, el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar la seguridad y de buscar la equidad, a través de programas sociales”.

“El objetivo de estas zonas es darle respuesta a las difíciles circunstancias que se presentan en el país”, concluyó la Gutiérrez.

El coordinador de ponentes, el senador Germán Varón (Cambio Radical), dijo que “todos los partidos son conscientes y están de acuerdo en prolongar el contenido de la 418, porque es el marco jurídico que le permite al Presidente continuar el proceso de paz de las Farc e iniciar el del Eln, si así lo ve conveniente”.

No obstante, el parlamentario dio cuenta que “el problema surge de cuatro artículos nuevos que establecen la posibilidad de que el Consejo Nacional de Seguridad establezca zonas para inversión donde debe haber, primero, recuperación de la seguridad y, luego, inversión; un empadronamiento de todas las armas; una implementación para que cualquier colombiano pueda comprar cualquier elemento o sistema que inhiba o bloquee llamadas (como los que se utilizan por parte del Inpec en las cárceles); y la financiación del fondo de paz”.

Por su parte, la representante a la Cámara Juanita Goebertus, dijo que “la prórroga de la Ley de Orden Público es fundamental para avanzar en diálogos con el Eln. Pero no podemos repetir los errores del pasado: la seguridad nacional depende de fortalecer la capacidad de todo el Estado en el territorio. Para eso son los PDET”.

La sesión conjunta de las comisiones primeras quedó agendada para el día jueves en la cual se debe resolver en primera instancia 48 proposiciones sobre la ponencia.