Reformas de fondo al Sistema General de Participaciones (SGP) y a la Ley 30 de 1992, urgió el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, teniendo en cuenta, dijo, que el sector se acerca a una etapa de desfinanciación.
El ministro hizo un balance presupuestal y la proyección en materia financiera para el sector educativo ante los integrantes de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, en el cual socializó las prioridades que tendrá el gobierno de Gustavo Petro para avanzar en una calidad integral de la educación.
Dijo Gaviria que es necesario empezar a conformar mesas de trabajo y diálogo que permitan realizar reformas de fondo tanto al SGP como a la Ley 30 de 1992, y que son las que regulan la destinación de recursos para la atención en la educación tanto preescolar, básica y media, como superior.
"Vamos a tener una mesa donde tengamos representación de las entidades territoriales, Fecode y otros actores del sector, para discutir la reforma necesaria al SGP; y otra mesa para empezar a discutir, o a tener una convergencia con el movimiento estudiantil, con el Congreso y con las partes interesadas para nuestra reforma a la Ley 30 del año 92", destacó el ministro Gaviria.
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Explicó que la tarea del ministro de Educación es “un poco paradójica porque los recursos son muy inflexibles. La bolsa de la educación básica y media está definida por el Sistema General de Participaciones, que define el tamaño de la bolsa, como se distribuye entre las diferentes entidades territoriales".
Agregó el Jefe de esta cartera que "se distribuye por la Ley 715 de 2001 y las reformas posteriores”. Y el ministro de Educación está sentado “pretendiendo que es el que define el presupuesto, pero el presupuesto se define por el SGP que le llega a cada entidad territorial, lo define la Ley 715. Esos son aproximadamente $28 billones, eso es lo que hay en el presupuesto. El crecimiento, repito, está predeterminado constitucionalmente", explicó Gaviria.
Mirando al próximo año dijo que se hace necesario en el proyecto de Presupuesto General de la Nación, que discute por estos días el Congreso, contar con un incremento de $1,9 billones, que sumado a las reformas propuestas permitirá atender las necesidades básicas para el funcionamiento del sector.
Este incremento en el presupuesto se destinaría para atender, principalmente, las prioridades que tendrá el Gobierno para los próximos cuatro años, y que están representadas en el mejoramiento a la infraestructura, formación docente, más recursos para la educación superior, el subsidio a la tasa y condonación de créditos Icetex, y fortalecimiento de infraestructura e investigación en las instituciones de educación superior.