EL NUEVO SIGLO: ¿Qué concluyó el estudio que adelantaron en cinco departamentos sobre cómo la ciudadanía ejerce control social para garantizar sus derechos y contra la corrupción?

CAMILO FONSECA: Lo que hicimos fue un diagnóstico de la mano de las personerías y de las veedurías ciudadanas para identificar cómo estaba todo el proceso de seguimiento, control y vigilancia a la gestión pública y los recursos públicos. Inicialmente lo que buscamos identificar eran los sectores donde más acciones recibirían las personerías municipales. Nos arrojó, por lo menos en estas cinco ciudades: Buenaventura, Neiva, Villavicencio, Santa Marta y Popayán, es que las personas reportan mayores peticiones o hay mayores veedurías haciendo seguimiento en los sectores de infraestructura, salud, educación y servicios públicos domiciliarios.

Por ejemplo, en 2017 las veedurías con las que estuvimos identificando en estas cinco ciudades interpusieron 251 acciones, de las cuales solamente el 19% tuvo algún tipo de incidencia o efecto positivo a partir del control que hace la ciudadanía activa en estos municipios; mientras que el 81% restante de las acciones interpuestas por la gente no tuvo ningún tipo de incidencia.

Entonces lo que estamos viendo, y ahora que está en la agenda pública todo el tema de la lucha contra la corrupción, es que hay muchos de los mecanismos que la gente puede utilizar a nivel local que posiblemente no están funcionando. Y lo que hemos identificado es que no funcionan porque hay una falta de información por parte de la gente de las acciones que pueden interponer o de las maneras que pueden hacerle seguimiento a la ejecución de las decisiones de cada uno de estos sectores y además a la ejecución de los recursos para garantizar la provisión de bienes como la educación, la salud.

ENS: ¿Qué dificultades encuentra la ciudadanía para hacer este control?

CF: Pasan cosas como lo que sucede con los planes de alimentación escolar, donde por ejemplo en la ciudad de Neiva han venido haciéndole seguimiento a la ejecución del PAE en ciertos colegios y ha sido muy difícil ese proceso, en la medida que no han podido acceder realmente a la información de lo que pasa con la ejecución de estos planes.

O lo que pasa en Buenaventura, donde logramos ver a nivel de las veedurías algunas de las dificultades que tiene la participación en todos los procesos de consulta del segundo dragado.

ENS: ¿Qué acciones le sugiere este estudio?

CF: A partir de este diagnóstico queremos es mirar cómo fortalecer las capacidades de la gente dándoles un instrumento, es decir, donde puedan encontrar cuáles son las normas, las leyes, las jurisprudencias que regulan los sectores y además ver cómo pueden hacerle seguimiento, por ejemplo, al caso de Electricaribe. O sea, qué acciones pueden interponer a través de diferentes mecanismos, utilizando la tutela, los derechos de petición o solicitando información a través de lo que establece la ley de acceso a la información frente a lo que está pasando con la prestación de un servicio.

Para nosotros ha sido importante mirar las maneras a través de las cuales se pueden garantizar efectivamente los derechos de las personas a la prestación de bienes de manera eficiente y eficaz, y con eso lo que queremos es adicionalmente abrir un espacio virtual a través del cual la gente pueda interponer acciones que vayan direccionadas a las personerías municipales, pero también como a entidades competentes, en su caso superintendencias o en algunos casos a la Procuraduría, a la Defensoría y a la Contraloría para ponerle ojo a la ejecución de los recursos públicos y a la gestión pública.

Muchas veces lo que hemos visto es que en el nivel municipal puede ser muy deficiente también hacerle seguimiento a los recursos públicos en la medida de que falta información o no se conoce cómo operan, no se sabe cómo se ejecutó presupuesto, qué pasa con los planes de desarrollo, con los planes sectoriales, y eso dificulta mucho a la gente poder hacer ese seguimiento.