El general en retiro Mario Montoya Uribe, presento una solicitud a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que busca la anulación de la imputación en su contra por su presunta implicación en más de 100 casos de falsos positivos ocurridos en Antioquia entre 2002 y 2003, cuando lideraba la cuarta brigada con sede en Medellín.
En un documento de 64 páginas, el excomandante del ejército y su defensa alegan que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y que la JEP incurrio en una indebida formulación de los cargos en su contra.
Uno de los puntos cruciales de la solicitud de anulación radica en la falta de oportunidad para que Montoya ejerza su derecho a la defensa. Según el general en retiro, el escrito de imputación presentado por la JEP no permitió que él o su representante legal presentaran recursos en su defensa, ya que se consideró una "decisión de fondo". Esta falta de oportunidad para refutar las acusaciones se argumenta como una violación al debido proceso, un derecho fundamental.
Otro aspecto clave en la solicitud, es la supuesta indebida formulación de la imputación. El general alega que en el escrito de imputación no se le explicó claramente cuáles serían las consecuencias de no aceptar los cargos presentados por la JEP. Además, se señalo que Montoya fue catalogado como "autor" de los crímenes por "instigar" su comisión, lo que, según su defensa, es una interpretación confusa y ambigua de las normas legales. Argumentan que esto generando una vulneración a sus garantías judiciales y al debido proceso.
La defensa del general también cuestiono la fundamentación de la JEP, argumentando que se basa en una interpretación errónea de las pruebas presentadas. Se señalo que, durante su mandato en la cuarta brigada, el general emitió una directiva interna para el respeto de los derechos humanos, y que estadísticamente, la mayoría de los resultados operacionales fueron capturas y desmovilizaciones, en lugar de "bajas en combate". Esto cuestiona la tesis de que Montoya privilegiaba las muertes sobre otros resultados operacionales.
Además, Montoya y su defensa afirman que se le endilgo homicidios que ocurrieron después de su tiempo en la comandancia de la Cuarta Brigada, lo que consideran un error grave por parte de la JEP.
La solicitud de anulación de la imputación representa un giro en el caso del general, quien busca demostrar que se le violo sus derechos fundamentales y que la JEP cometio errores sustanciales en el proceso en su contra. La decisión final de la JEP será crucial en determinar el curso de este caso altamente controvertido relacionado con los falsos positivos en Colombia.