La Defensoría del Pueblo insta a las entidades del Estado a concentrar esfuerzos en la atención de las comunidades indígenas que se encuentran en contextos urbanos, dada las múltiples problemáticas que enfrentan por estar fuera de sus lugares de origen o asentamiento inicial.

En el informe defensorial Cabildos indígenas en contextos urbanos de Bogotá y departamentos de la Orinoquía y Amazonía, el cual fue presentado este 9 de agosto, la entidad nacional de derechos humanos evidencia que en la capital de país hacen presencia 14 cabildos urbanos, siete de ellos son reconocidos por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, del Ministerio del Interior, y los siete restantes están amparados en el marco de la política pública distrital.

De la misma manera, el documento advierte sobre el impacto generado por la urbanización de pueblos indígenas que han sido desplazados de sus territorios, así como la violación sistemática de sus derechos fundamentales. Por consiguiente, el Estado debe encaminar medidas cuyo propósito sea una mayor protección del goce efectivo de sus derechos, con el fin de garantizar su permanencia física y cultural.

La situación que viven quienes padecen las secuelas de un conflicto armado completamente ajeno a sus tradiciones y costumbres es de suma gravedad. En las regiones Orinoquía y Amazonía, por ejemplo, perviven pueblos indígenas en riesgo de extinción, declarados así por la Corte Constitucional; es decir, aquellos con menos de 500 habitantes por comunidad.

Para la Defensoría del Pueblo, es urgente un trabajo articulado entre la institucionalidad gubernamental que propenda por la generación de políticas públicas, planes, programas y proyectos que garanticen los derechos de los indígenas ante la crítica situación que afrontan en contextos urbanos.

Es imperativa una mayor atención del Estado y las autoridades regionales y municipales en la garantía de sus derechos fundamentales, colectivos e integrales como comunidades étnicamente diferenciadas.

Vulneración de derechos

Las comunidades indígenas que se encuentran en contextos urbanos identifican como principales necesidades el acceso a la salud, alimentación, educación, trabajo y vivienda, las cuales deben estar garantizadas con observancia del enfoque étnico diferencial, que, si bien está instituido en el ámbito constitucional y normativo, en la práctica no se materializa.

Es por eso que la Defensoría hace una serie de recomendaciones, con el propósito de que se avance de manera efectiva en la garantía de sus derechos, desde el reconocimiento de cabildos indígenas urbanos hasta acciones que permitan la identidad cultural, la implementación de políticas de empleo, la prevención de la explotación infantil, el acceso a los servicios de salud de calidad, entre otras.