En los últimos 12 meses fueron decomisados 707.427 metros cúbicos de tablones

El daño que está causando a las selvas y las incalculables pérdidas por la tala indiscriminada de bosques, deja unos US$760 millones al año a los traficantes de madera ilegal.

De acuerdo con los servicios de Inteligencia y expertos consultados por EL NUEVO IGLO, los delincuentes aprovechan que Colombia no cuenta con una industria forestal rentable y que permita el sostenimiento del mercado nacional.

Además, señalan, que la tala ilegal se incrementó en la Amazonía y en el Darién, entre otras regiones, por la crisis que afronta Venezuela que no exporta maderas y los contrabandistas tampoco las ingresan por los fuertes controles de la Guardia Nacional.

Explican los investigadores que los delincuentes atacan las mayores joyas de la diversidad, incluso se podría decir que el 47% de la madera que se comercializa en el país es ilegal. “Estamos hablando de 2.5 millones de metros cúbicos de madera talada ilegalmente”, comentan.

Agregan que se está trabajando para evitar la venta de licencias o la falsificación y que los permisos sean ejecutados en las áreas donde fueron autorizados para la tala de determinados árboles.

“Hay redes organizadas y grupos armados al margen de la ley que trafican con especies en vía de extinción como la palma, los cedros negros, abarco, caoba, palo de rosa, guayacán, molinillo, almanegra, el canelo de los Andaquíes, mangle nato, roble y el marfil, muchos de ellos apetecidos por la industria nacional e internacional”, dicen.

Operación Artemisa

De otro lado la Jefatura del Estado Mayor de Operaciones del Ejército a cargo del general Raúl Rodríguez Arévalo, reveló a EL NUEVO SIGLO que en desarrollo de la Operación Mayor Artemisa se ha logrado la captura, hasta el momento de medio centenar de personas y la recuperación de 15 menores de edad, cuyos derechos fueron restablecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al tiempo que se logró la recuperación de miles de hectáreas blanco de la deforestación.

El general Rodríguez añadió que en los últimos 12 meses se logró el decomiso de 707.427 metros cúbicos de madera y la incautación de 261.300 kilos de insumos  sólidos y 112 galones de líquidos y 112 actividades de control de incendios en bosques y selvas.

En la misma operación han sido recuperadas 4.418 hectáreas, en zonas de reserva y protegidas, que eran ocupadas ilegalmente, al tiempo que fueron inhabilitados 717 kilómetros de vías que afectaban al medio ambiente y que habían sido construidas sin ninguna autorización legal y afectando al medio ambiente.

Expresó que las operaciones se vienen desarrollando en el Parque Nacional Natural La Paya, en Puerto Leguízamo, en el Putumayo, donde fueron recuperadas 1.500 hectáreas; en el parque Chibiriquete, en el Guaviare, donde fueron recuperadas 82 hectáreas; en el Meta en los Parques Naturales Tinigua y Picachos, donde fueron destruidas 34 construcciones y capturadas 34 personas y en el parque Chibiriquete, en el Caquetá, donde fueron recuperadas 1.598 hectáreas.

Agregó el comandante de la Jefatura del Estado Mayor de Operaciones del Ejército, general Raúl Rodríguez, que las operaciones se adelantan a nivel nacional y que las tropas están a la vanguardia para proteger todos los recursos naturales, al tiempo que se adelantan campañas de sensibilización con las comunidades y procesos de reforestación.

A su vez, el teniente Carlos Mauricio González, ingeniero agrónomo y especialista en el tema ambiental y oficial de la Jefatura de Ingenieros Militares, precisó que el Ejército viene trabajando con 73 viveros que producen, cada uno, 600 árboles cada cuatro meses, que son sembrados en jornadas con la comunidad en todo el territorio nacional.

“Actualmente trabajamos en procura de la propagación del frailejón y la palma de cera, además de otras especies nativas, en Cerro Medellín, en Facatativá y en Florencia, en el Caquetá  y por supuesto que vamos a cualquier rincón del territorio nacional para llevar nuestros árboles que son de los colombianos”, indicó.

El teniente González explicó que “el Ejército trabaja en un proyecto con financiamiento de las autoridades ambientales en la construcción de un macrovivero en el fuerte militar de Larandía, en el Caquetá, para llevar a cabo el ambicioso programa de la Presidencia de la República de sembrar en 2022 más de 180  millones de árboles”.

Agregó que por ahora se trabaja en las dependencias de la V División del Ejército donde se registran tres pisos térmicos para la siembra de 80 mil árboles en el presente año. Es decir, en el Tolima, Cundinamarca y Risaralda.

Alertas

De acuerdo con las alertas tempranas se registran procesos de deforestación en los departamentos de Norte De Santander, Chocó, Bolívar, Meta, Antioquia, Nariño, Guaviare, Putumayo, Cauca, Magdalena, Caquetá, Arauca, Santander, Córdoba, La Guajira, Amazonas, Cesar, Casanare, Sucre, Valle del Cauca, Boyacá y  Vichada.

Según el Ideam, “la mayoría de las alertas están asociadas a pequeñas porciones de bosque menores a una hectárea y zonas de expansión en polígonos deforestados previamente. La persistencia de los cultivos de uso ilícito continúa siendo la principal causa de deforestación en el núcleo. La presencia de grupos armados ilegales y la consolidación de economías ilícitas, promueven la expansión de los cultivos de coca sobre áreas de bosque natural”.

También consigna el informe oficial que “la expansión no autorizada de la frontera agropecuaria, especialmente de la ganadería, cultivos agroindustriales y de menor escala, con un menor impacto sobre los bosques, se siguen desarrollando a partir de áreas previamente deforestadas”.

A su vez el director Territorial Amazonas de Corpoamazonía, Luis Fernando Cuevas, dice que desde 2013 se viene trabajando con cifras visibles para enfrentar el fenómeno de la deforestación en esta vasta región.

Explicó que en 2015 y 2016 el Amazonas registró la tala de 1.903 hectáreas, el Caquetá 26.540 y el Putumayo 11.117. Sin embargo, en 2016 y 2017 se triplico la deforestación en el departamento del Caquetá que pasó de 26.540 hectáreas a 60.373, mientras que el Putumayo registró un leve incremento de 11.117 a 13.070, pero el Amazonas registró  un importante descenso de 1.903 hectáreas a 1.362.

Añadió que en 2018 se registró una importante desaceleración en deforestación en el departamento del Caquetá al pasar de 60.373 hectáreas a 46.765, igual suerte se presenta en el Amazonas al registrar la destrucción de 782 hectáreas y el putumayo observa un leve crecimiento al presentar la cifra de 13.903 hectáreas destruidas de bosques, selvas protegidas y parques nacionales naturales.

Cuevas recordó que el exgobernador del Guaviare, Nebio de Jesús Echeverry Cadavid y los alcaldes  de Calamar y Miraflores, Pedro Pablo Novoa Bernal y Jhonivar Cumba, deberán pagar más de $1.400 millones por una multa que les impuso la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, CDA, por el daño ambiental causado con la construcción de una carretera en medio de la selva de 138 kilómetros.

Cuevas dijo que “es necesario anotar que afrontamos algunos problemas con el tráfico de madera ilegal hacia Perú. Son casos muy contados y ya las autoridades militares y demás autoridades están al frente de este fenómeno. Son personas procedentes de ese país que ingresan al nuestro por madera del Achapo”.