Contratación fraudulenta por más de $500.000 millones en más de 10 departamentos del país, ha sido frenada por la acción preventiva del Ministerio Público, reveló ayer el procurador Fernando Carrillo Flórez, quien alertó que tiene en la mira contratos públicos, cuyos valores suman $18,6 billones.

“Esa es la lupa que hemos puesto con la Cámara (Cámara Colombiana de Infraestructura) para trabajar en materia preventiva, y no sólo hemos ahorrado medio billón de pesos de manera directa, evitando obras con problemas de toda naturaleza, sino que tenemos ya puesta la lupa sobre una contratación que llega casi a los $19 billones”.

Aseguró que “en Colombia ni siquiera se requeriría una reforma tributaria si somos capaces de combatir eficazmente la corrupción”. 

“Decidimos en el ejercicio de una función preventiva, y subrayo preventiva, no disciplinaria, una función constitucional esencial de la Procuraduría General de la Nación; comenzar a trabajar conjuntamente, y hemos, además en términos económicos, frenado que centenares de miles de millones de pesos se fueran por el pozo séptico de la corrupción en materia de contratación de infraestructura”.

Carrillo reiteró la importancia de trabajar en alianza con el sector privado para luchar en contra  de la corrupción, y recordó que es posible que impere la ética empresarial como punto de partida.

“Todas estas reflexiones sobre la ética empresarial suponen una caja grande de herramientas, donde grandes transformaciones se pueden hacer. No son las transformaciones aisladas de todas las reflexiones sobre la responsabilidad social corporativa o empresarial, a eso hay que sumarle, por supuesto, el gobierno corporativo, las oficinas de cumplimiento, las políticas de ética pública, y sobre todo, agencias internas que permitan corroborar que los códigos de ética no se quedan escritos como modelo de comportamiento, sino que implican sanciones y rectificaciones en las empresas”. 

El Procurador General afirmó que la Entidad avanza en las investigaciones disciplinaras por presuntas irregularidades en los contratos para la ejecución de obras en la Empresa de Desarrollo Urbano (Edurbe), y advirtió que “no podemos permitir que los recursos de la primera infancia se canalicen a través de un instituto de esta naturaleza. Eso no tiene ninguna razón de ser”.

Para Carrillo esta empresa se ha convertido en una ‘vena rota’ para Cartagena y anunció que un equipo conjunto entre la Procuraduría y la Contraloría General de la República va a estudiar toda la contratación del Edurbe. 

Agregó que la Entidad continúa con el seguimiento al Plan de Normalización Urbanística de la ciudad y sigue en la batalla por hacer respetar la ley en caso de los establecimientos de comercio del centro de Cartagena.

“Aquí hay regulaciones de bomberos que están siendo violadas permanentemente por los establecimientos de comercio. Aquí no estamos haciendo nada extraordinario, porque lamentablemente en este país por el solo hecho de solicitar el cumplimiento de la ley, se habla de actuaciones exorbitantes de la Procuraduría General, cuando lo mínimo que estamos pidiendo es el cumplimiento de normas elementales de convivencia ciudadana, que son claves para que no terminen en tragedias como la caída del edificio Blas de Lezo”.