Representante de las víctimas indicó que igualmente hubo entregas de restos que “se hicieron de mala fe” y “deliberadas” que aún no sido investigadas penalmente.

La Fiscalía General  reconoció ante los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que sí hubo desapariciones forzadas durante la retoma del Palacio de Justicia, en 1985. Así lo confirmó Eduardo Carreño, fundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y representante de las víctimas de este caso.

La postura del ente acusador se produjo durante una audiencia privada que se realizó este viernes en la Universidad Externado de Colombia, en el centro de Bogotá, en la que participaron además de la Corte, familiares de las víctimas, abogados, representantes de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Medicina Legal.

“Una primera conclusión es el reconocimiento del fiscal titular y del Estado de que en el caso sí hay desaparecidos”, dijo Carreño en una rueda de prensa luego de que finalizara la jornada. 

El miembro de Cajar también señaló que otros elementos que arrojó la audiencia tienen que ver con la “ausencia total de investigación” de los hechos ocurridos el 5 y 6 de noviembre de 1985.

“Se reconoce que la investigación sobre la identificación de cadáveres está limitada únicamente a lo que se encontró en la fosa común (en el Cementerio del Sur) que fue llevado por los mismos jueces penales militares, y por la Policía Nacional para ocultar toda evidencia en el proceso. Y lo que se evidencia después en la entrega de restos en los cuales existía dudas de identificación de los mismos”, dijo.

Por otra parte, Carreño indicó que igualmente hubo entregas de restos que “se hicieron de mala fe” y “deliberadas” que aún no sido investigadas penalmente.

Es decir, dice que el Estado es responsable directo en el mal manejo e identificación de los cuerpos que quedaron en el Palacio luego de las labores de recuperación de cadáveres una vez finalizada la operación militar. 

Así mismo, el abogado cuestionó la omisión de acciones por parte de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de las personas al interior del Palacio, lo que calificó como “actuaciones fueron deliberadas”.

“Se demuestra que por lo menos tres meses antes de la toma se conocían estos hechos y que el Ejército y la Policía lo que hicieron fue preparar el ingreso del M-19 al Palacio. Esto hace que el alto mando sea responsable por la totalidad de los hechos, porque se evidencia que no hubo el deber de protección de todas las personas que estaban en el Palacio ni de los visitantes ocasionales”, ratificó el jurista.

Jomary Ortegón, vicepresidenta de Cajar, señaló que espera que prontamente haya una declaración pública de la Fiscalía aclarando lo dicho este viernes ante la Corte. 

Días atrás, la Fiscalía General de la Nación señaló que durante la toma y retoma del Palacio "no hubo personas desaparecidas, sino malas identificaciones y la entrega equivocada de cuerpos a los familiares de las víctimas".