El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, lideró el operativo más grande que haya realizado la entidad contra las estructuras ilegales señaladas de adulterar licor, y afectar la salud y la vida de miles de colombianos.

En 30 diligencias de registro y allanamiento realizadas en las localidades de Kennedy, Bosa, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Puente Aranda, Teusaquillo y Suba, en Bogotá; y en Soacha (Cundinamarca), investigadores del CTI, adscritos a la Dirección Especializada contra las Violaciones Humanos, pusieron en evidencia a una industria criminal dedicada a la falsificación y elaboración artesanal e insalubre de bebidas embriagantes nacionales e importadas.

Durante los procedimientos se incautaron 60 toneladas de insumos, entre sellos, etiquetas, tapas, dosificadores, cajas, cerca de 300.000 botellas, alcohol y otras sustancias líquidas utilizadas en el proceso ilegal; además de productos que, sin serlo, fueron rotulados como vinos, aperitivos, champañas, whisky, ron, vodka y aguardiente, y estaban empacados y listos para ser vendidos durante las festividades de diciembre.

Los señalados responsables de este engaño pertenecerían a una misma red. 14 fueron capturados. Algunos son gerentes y directivos de cuatro empresas legalmente constituidas, cuya actividad económica es la venta de licores. Está acreditado que presuntamente servían de fachada, y distribuían bebidas originales y adulteradas en Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta, Barranquilla y ciudades del Eje Cafetero.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones Humanos presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de: concierto para delinquir, usurpación de derechos de propiedad industrial, y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

Engaño criminal

En un año de investigaciones se estableció que la organización no estaba jerarquizada. Entre los supuestos integrantes se colaboraban y asistían.

Algunos, al parecer, manejaban centros de reciclaje en los que se compraban botellas de licores con etiquetas o dosificadores en buen estado, muchas de ellas llegaban de otros puntos del país y de la ciudad fronteriza de Tulcán (Ecuador). Estos elementos eran sometidos a un proceso de lavado, en el que se reutilizaban agua, jabón, desinfectantes o blanqueadores en condiciones pésimas de higiene.

De otra parte, en casas de familia presuntamente se preparaban las bebidas en alambiques artesanales y mediante la mezcla indiscriminada de alcohol y diversos componentes, sin ninguna medida de salubridad. Hay indicios de que en las fábricas de las empresas que estarían vinculadas al ilícito también se hacía la fase de destilación de las bebidas, pero de una manera industrial y a gran escala.

El material probatorio da cuenta de que las cajas con diversas variedades de licores eran vendidas a discotecas, tiendas de barrio y establecimientos nocturnos. En algunos casos, las entregas se hacían en vehículos que simulaban el transporte de huevos. Así intentaban evadir los controles de las autoridades.

La Fiscalía General de la Nación continuará su actividad investigativa para golpear otras estructuras que, en distintas regiones del país, se lucran con la venta de bebidas embriagantes adulteradas, cuya ingesta podría afectar la visión, el sistema nervioso central, causar trastornos o la muerte a los consumidores.