Por presuntos daños a los recursos naturales y por generar contaminación ambiental, la Fiscalía judicializó al representante legal del consorcio encargado de operar el relleno sanitario Doña Juana, Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P. (CGR).
De esta manera, la Fiscalía especializada contra violaciones a los derechos humanos, eje temático de protección de recursos naturales y medio ambiente, formuló cargos al representante legal del Consorcio, Mauricio Bernal Marcucci, por su presunta responsabilidad en los delitos de contaminación ambiental con circunstancias de agravación y daño a los recursos naturales.
A este respecto, la investigación evidenciaría presuntas fallas por parte del Consorcio en el manejo y disposición de los residuos en el relleno sanitario Doña Juana, entre ellas disgregación, compactación y cubrimiento de residuos.
Adicionalmente, se evidenciaron presuntas irregularidades en el manejo de lixiviados y estabilidad de taludes que aumentan la presencia de vectores, además de malos olores. Dichas evidencias estarían sustentadas en visitas técnicas de la Fiscalía y de otras entidades.
La formulación de cargos es el resultado del direccionamiento estratégico establecido por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para investigar todo caso que afecte el medio ambiente y ponga en riesgo tanto a las personas como a los recursos naturales.
“La investigación realizada contra las violaciones a los derechos humanos en el eje temático de protección a los recursos naturales y medio ambiente, estableció que el funcionario, en su calidad de representante legal del consorcio, tendría la responsabilidad en un presunto incumplimiento en el marco de la licencia ambiental y de las normas que protegen el medio ambiente”, dijo la directora contra las violaciones a los derechos humanos de la FGN, Ángela Chacón, quien añadió que se estarían presentado vertimientos de lixiviados al cauce del río Tunjuelo.
Otras sanciones
Es importante recordar que el pasado 14 de mayo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios multó al Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P. (CGR), al finalizar dos investigaciones administrativas que adelantaba contra el prestador por incumplimiento del Plan de Emergencia y Contingencia para el año 2017. La multa de aquel entonces fue por $5.581 millones.
Así mismo, la Superintendencia multó al CGR por fallas graves en la prestación del servicio de aseo en la actividad de disposición final, lo que ha generado serias afectaciones en la salud y la calidad de vida de las miles de familias que viven en las inmediaciones de este sitio de disposición final.
Investigación
Esta sanción se desprendió de una investigación iniciada en diciembre de 2017, la cual cumplió con todas las etapas procesales. No obstante, es importante señalar que, durante las últimas semanas, la Contraloría le había puesto la lupa al tema y había solicitado que geólogos analizaran las circunstancias del lugar en donde hace no más de un mes se presentó un deslizamiento de basura.
La otra sanción fue por $550.382.481, pues el operador no contaba con un Plan de Emergencia y Contingencia ajustado a la normatividad, lo cual puso en riesgo la prestación eficiente del servicio público de aseo y los derechos de los usuarios frente a situaciones de materialización de emergencias.
Estas dos actuaciones administrativas se fundamentaron en los hallazgos encontrados durante las visitas técnicas realizadas por la Superservicios entre agosto de 2016 y septiembre de 2017, en las que se evidenciaron incumplimientos en el cubrimiento diario de residuos, la recolección, así como el tratamiento de lixiviados, el control de insectos, roedores y otros vectores.
Por su parte, de acuerdo con CGR el Gobierno de la ciudad está cometiendo gravísimos errores en el manejo de las basuras que ponen en riesgo la salud y el medio ambiente de sus habitantes y por esa razón, la firma de la Espriella Lawyers Enterprise, en representación del operador, ha puesto en marcha una serie de contundentes acciones legales para hacerle frente a la crisis desatada por la arbitrariedad de la Administración capitalina.
Desde comienzos de este año, la Superintendencia adoptó un plan de acción para monitorear de manera continua la emergencia registrada el pasado 28 de abril por el desplazamiento de residuos.