El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, anunció la que será la hoja de ruta de su administración para los próximos cuatro años donde prioriza la lucha efectiva contra las diferentes formas de criminalidad de acuerdo con la nueva realidad que generó la pandemia de coronavirus.
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Según Barbosa, los análisis realizados sobre el comportamiento del delito, los desafíos que plantea la criminalidad y los resultados obtenidos durante este año, permitieron fijar cuatro grandes objetivos estratégicos en los que se concentrarán los esfuerzos de los 25.000 funcionarios de la entidad.
Objetivo 1. Aumentar el esclarecimiento de delitos que afectan la seguridad ciudadana y de zonas rurales
Aquí se abordarán conductas que, por su alto impacto y complejidad, representan mayor preocupación en materia de seguridad ciudadana.
- Homicidios. La Fiscalía privilegiará la investigación de estos hechos y la sanción penal de los responsables de los mismos. También han sido priorizados los crímenes contra defensores de derechos humanos y poblaciones de especial protección constitucional.
Entre febrero y octubre de 2020 se pasó de 52% a 61% de esclarecimiento de homicidios de líderes sociales. El Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024 refirma esta metodología de trabajo investigativo con enfoque territorial, para tener una mayor compresión de los hechos en el lugar y contexto en el que ocurren. Esta estrategia para abordar el homicidio también se aplicará para los crímenes de personas en proceso de reincorporación y sus familiares. Habrá especial énfasis sobre los homicidios colectivos.
- El feminicidio. Se focalizarán los capacidades de la Fiscalía para esclarecer los casos registrados en escenarios no íntimos, como por ejemplo: familiares, por conexión, sexuales sistémicos, vinculados a redes organizadas, por explotación sexual o por ocupaciones estigmatizadas, por trata de personas, transfóbicos y lesbofóbicos. Igualmente, temas de violencia intrafamiliar y sexual contra mujeres, niños, niñas y adolescentes.
- Hurto. Las investigaciones analizan patrones para desarticular organizaciones delincuenciales dedicadas a este ilícito, en todas sus modalidades, la venta de estupefacientes al menudeo, atención de delitos que atentan contra la vida e integridad física y emocional de los animales, acceso a datos o sistemas de información y los delitos cometidos por medios informáticos.
Objetivo 2. Atacar frontalmente las organizaciones y las economías criminales
En 2019 había presencia de organizaciones criminales en 594 municipios, es decir, en 52,89% del territorio nacional. Adicionalmente, 88% de las hectáreas cultivadas de coca se concentran en municipios donde tienen injerencia estos grupos.
La Fiscalía orientará su actividad investigativa para ubicar y judicializar a los principales cabecillas de las estructuras de crimen organizado y a los máximos articuladores de los homicidios y agresiones a defensores de derechos humanos, y de las actividades de narcotráfico, minería ilegal y contrabando.
Se fortalecerán los procesos de extinción del derecho de dominio y la metodología de análisis económico-financiero del delito.
- Planes de intervención en zonas críticas. Los investigadores llegarán a los territorios más golpeados por la criminalidad organizada para perseguir simultáneamente los delitos de los que se valen estas estructuras para intimidar a la población.
- Lucha contra el narcotráfico. Se priorizará la persecución de las redes narcotraficantes con un enfoque territorial para impactar sus componentes en las regiones y las zonas costeras, y mediante cooperación internacional para neutralizar su alcance trasnacional. Los delitos ambientales, la deforestación y la minería ilegal serán investigados con rigurosidad y prioridad.
- Terrorismo urbano. Consciente de la intención criminal de los grupos armados ilegales de infiltrar la protesta social y de trasladar a las ciudades componentes de desestabilización y terrorismo, la Fiscalía dispondrá de grupos de tareas especiales para capturar a los integrantes de las estructuras encargadas de esas actividades y lograr su judicialización.
Objetivo 3. Elevar la judicialización de delitos contra la administración pública
Entre 2015 y 2019 la Fiscalía atendió 192.266 noticias criminales por delitos asociados a la corrupción y alcanzó una tasa de esclarecimiento del 38% de los hechos priorizados.
En los próximos cuatro años habrá énfasis en las investigaciones por reportes de corrupción en sectores como salud, educación, medio ambiente, electoral, contratación pública, administración de justicia.
La Fiscalía trasladará equipos especializados a las regiones para atender las denuncias por delitos contra la administración pública y realizará alianzas para fortalecer las capacidades de sus funcionarios.
Objetivo 4. Dotar a la Fiscalía con la infraestructura física adecuada para sus necesidades
Esto incluye la construcción de sedes en las seccionales de mayor demanda de justicia así como la terminación de construcciones iniciadas con anterioridad.
La entidad impulsará las competencias, habilidades y destrezas de los servidores, así como la continua capacitación y actualización sobre los objetivos definidos en el Direccionamiento Estratégico 2020 - 2024.
Asimismo, se dispondrá de un semillero de fiscales, investigadores y peritos con la vocación de capacitar personal altamente calificado, eficiente y eficaz en los asuntos de materia judicial.
Una de las siete acciones trasversales es consolidar a la Fiscalía como un referente internacional, establecer acuerdos de cooperación judicial y técnica para aumentar las capacidades de la entidad, fortalecer y aumentar la planta de policía judicial.