POR seis delitos, entre ellos cinco que vulneran la intimidad personal, son investigados los presuntos integrantes de la red de interceptación ilegal de comunicaciones presuntamente liderada por el general retirado Humberto Guatibonza y al que un juez le concedió, junto a dos más de los implicados, el beneficio de casa por cárcel, decisión que fue apelada por la Fiscalía

Tras la decisión del juez 9 penal de Bogotá, con función de control de garantías, que cobijó con medida de aseguramiento domiciliaria al general en retiro Humberto de Jesús Guatibonza Gutiérrez, Carlos Eduardo Arenas Valero y Julián Villarraga, por su presunta participación en un red de interceptación ilegal de comunicaciones, la Fiscalía General de la Nación interpuso el recurso de apelación.

El ente acusador cuenta con material probatorio soportado en testimonios de personas involucradas en el proceso penal y con la voluntad de colaborar con la justicia, que señala al exoficial y a los otros dos investigados de pertenecer, presuntamente, a una empresa criminal que contrataba el robo de información empresarial, personal o reservada.

“Se dedican a la interceptación de llamadas telefónicas y mensajería de WhatsApp a parejas, empresarios, sindicalistas, integrantes de la fuerza pública, funcionarios judiciales y  políticos, para negociarla con terceros interesados”, indicó el delegado de la Fiscalía al solicitar la imposición de la detención preventiva intramuros.

En consecuencia, la Fiscalía judicializó a los indiciados por presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización ilícita de redes de comunicaciones agravada, acceso abusivo a un sistema informático agravado, violación de datos personales agravados, uso de software malicioso agravado y daño informático agravado.

La investigación surgió  a partir del 5 de mayo de 2017, luego una denuncia  emitida por inteligencia militar en el departamento de Nariño, después del hurto de un camión que viajaba por la vía Panamericana; hechos delictivos en los que al parecer estuvo vinculado un alto oficial de la Policía.

Al ejecutarse los seguimientos, apareció una mujer  identificada como Marialicia Pinzón, de quien se presume  desarrolló un software malicioso con capacidad de intervenir llamadas telefónicas y blindar abonados celulares para evitar ser interceptados por las autoridades debidamente a avaladas para esta función judicial.

En las conversaciones exhibidas en la audiencia pública ante un juez de garantías, aparecen unas entre la presunta hacker Marialicia Pizón y el coronel en retiro del Ejército Nacional, Jorge Humberto Salinas,  especialista en inteligencia, también procesado por los mismos hechos.

Se advierte en las comunicaciones que el general (r) Humberto Guatibonza adquiere la calidad de socio de la empresa al margen de la ley.

Cabe recordar que en este caso fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario el ingeniero electrónico Juan Carlos Madero Mendieta, considerado pieza clave dentro de la citada estructura delictiva.