Un segundo informe entregó ayer en Washington el fiscal general, Francisco Barbosa, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acerca del avance de las investigaciones por los delitos que se cometieron en las protestas en Colombia en el marco del paro nacional, entre finales de abril y el mes de mayo pasado, varias de las cuales terminaron en violentos disturbios que dejaron muertos y heridos así como el daño a bienes públicos y privados.

Con ese propósito Barbosa se reunió con Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH; Tania Reneaum, secretaria Ejecutiva; y Marisol Blanchard, secretaria Ejecutiva Adjunta para Sistema de Peticiones y Casos, ante quienes aseguró que luego de la presentación en Bogotá en mayo pasado del primer informe a este organismo de la OEA, son muchos los avances en el esclarecimiento de los hechos de violencia que se presentaron en distintas ciudades del país,  con mayor fuerza en Cali y Bogotá.

Barbosa explicó que el trabajo investigativo de la Fiscalía ha podido determinar que cuatro estructuras criminales presuntamente estarían detrás de la violencia en el paro.

Dijo que sobre reportes de civiles armados en las manifestaciones se ha hecho una serie de trabajos investigativos que han permitido que la Fiscalía llame a versión libre en calidad de indiciados a 16 civiles, 5 miembros de la Fuerza Pública y  un miembro de la comunidad indígena.

El informe de la Fiscalía indica que se confirmaron 57 muertos en el marco de la protesta, de los cuales 13 fueron esclarecidos y 5 más se encuentran en verificación. En tanto que 23 muertes que se denunciaron se produjeron fuera de las manifestaciones.

Barbosa explicó que para la investigación de los hechos de violencia y vandalismo se crearon grupos especializados de fiscales, investigadores y peritos.

Sobre las personas supuestamente desaparecidas, el Fiscal General confirmó que se ha continuado "con todo el compromiso y el trabajo de ubicar a las personas que han sido reportadas en el Mecanismo de Búsqueda Urgente", y señaló que "de las seis denuncias de desaparición forzada, cinco casos no tenían nada que ver con la protesta y una está en revisión".

El fiscal Barbosa también tuvo la oportunidad de reunirse en Washington con José Miguel Vivanco, director de la División de Américas de Human Rights Watch, para presentar los  avances investigativos de la Fiscalía en el esclarecimiento de los delitos cometidos en el paro nacional.