El Comando General de las Fuerzas Militares entregó a la Procuraduría un informe detallado sobre el operativo realizado en Puerto Leguízamo (Putumayo), que dejó once personas muertas, presentadas como bajas de la guerrilla.
El documento fue solicitado por el ente de control ante la denuncias que recibió por parte de organizaciones de derechos humanos, quienes están argumentando que las personas dadas de baja eran civiles y no guerrilleros.
Ante la situación, las Fuerzas Militares indicaron a través de un comunicado de prensa de cinco puntos cómo realizó la operación el pasado 28 de marzo por parte Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales del Ejército Nacional, en el sector conocido como Alto Remanso, Putumayo.
1. De manera interna, el día 29 de marzo, el Batallón Contra el Narcotráfico No.3, perteneciente al Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, dio inicio a la indagación disciplinaria de acuerdo con lo contemplado en la Ley 1862 de 2017.
Así mismo, se entregó informe sobre el desarrollo de la operación militar a la Fiscalía General de la Nación.
2. El día 30 de marzo se realizó el traslado al departamento de Putumayo de una comisión de la Inspección del Ejército Nacional, en cabeza del mayor general Helder Giraldo, con el fin de realizar las verificaciones correspondientes en el marco de su roles, funciones y competencias.
3. Al lugar de los hechos también se trasladó un equipo jurídico de las Fuerzas Militares del más alto nivel, con el fin de articular, acompañar y coadyuvar con las labores que se encuentra desarrollando la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y demás órganos de control e investigación.
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4. El día primero de abril el Comando General de las Fuerzas Militares entregó, en los términos ordenados, la respuesta enviada por el Ejército Nacional al requerimiento elevado por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos.
5. Las Fuerzas Militares – Ejército Nacional están prestas para colaborar con las autoridades judiciales y entes de control, en los requerimientos e información que estimen conveniente, ante los hechos que son materia de investigación.
Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo también solicitó que se investigara la identidad de las personas que se encontraban en el lugar de la operación militar y así poder esclarecer lo ocurrido.
La Fiscalía General también designó un fiscal de la Unidad Especial de Investigación, un fiscal de la Dirección de Derechos Humanos y un equipo técnico de investigadores, criminalísticos y médicos forenses del CTI para continuar con la investigación de los hechos.