Carmen Mirke, la esposa de Orlando Toledo, un ingeniero forestal secuestrado el 26 de julio de 2005 en Convención, Norte de Santander, y posteriormente desaparecido, indicó en el segundo día de la audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que “hasta este mes tuve la esperanza de que en cualquier momento llegaría a casa o nos llamaría al teléfono fijo que nunca quisimos quitar (...), así fuera para decir: 'Hola, estoy vivo', como él solía decir”.

Mirke preguntó a los excomandantes guerrilleros sobre la suerte de su esposo: "¿Cuándo realmente murió? ¿Fue en julio, el mes de su cumpleaños? ¿Por qué no dieron aviso? ¿Quiénes pueden dar información? ¿Por qué no ordenaron poner en libertad a Orlando Toledo?". Luego les pidió que se comprometan con su búsqueda.

Al respecto Rodrigo Londoño, actual presidente del Partido Comunes y el último máximo comandante de las Farc al momento de esta organización entregar las armas y desmovilizarse, le dijo a Mirke que “Orlando Alberto Toledo Lugo intentó fugarse y el guarda lo asesinó. Tengo esa certeza, fue en 2005”.

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ondoño hizo esta revelación después de que la magistrada Julieta Lemaitre le pidió expresarlo explícitamente para que su esposa pudiera tramitar su acta de defunción.

Este segundo día de audiencias se desarrolló en medio de la tristeza que reflejaban las caras de las víctimas, ante siete excomandantes de las Farc que reconocieron su responsabilidad en los secuestros con fines extorsivos que ejecutó la extinta organización. El pasado martes, estos también hicieron reconocimiento en lo que tiene que ver con el plagio de militares y policías con fines de ‘canje’ por subversivos entonces en la cárcel.

En la audiencia participaron por segundo día consecutivo los exintegrantes del secretariado de las hoy extintas Farc Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

Pastor Alape dijo en la audiencia que “nosotros venimos a asumir la crueldad que implicó este crimen, porque fue a hacer rehenes a todas las familias”.

Añadió que tienen la intención de reparar a las víctimas de su accionar, aunque dijo que varios de los bienes que entregaron para tal fin están ubicados en zonas de reserva, y por ello ha sido difícil monetizarlos.

“Ojalá algún día podamos reconciliarnos y nos puedan perdonar, sin olvidar”, manifestó Alape.

Mientras que Julián Gallo, actual senador por el Partido Comunes,  producto del Acuerdo de Paz que estableció curules para el partido político que surgiera de la entonces guerrilla desmovilizada, dijo que “entendemos perfectamente el dolor que les causamos cuando de manera violenta los arrebatamos de su entorno familiar y social, para llevarlos a campamentos en zonas selváticas y mantenerlos allí por la fuerza, aislados de sus vidas normales”.

Gallo reveló que “para presionar una negociación se le llegó a decir a sus familias y a los secuestrados, cosas que no correspondían a la realidad y que buscaban generar zozobra. Prácticas como decir ‘su familia ya los olvidó, no los quieren rescatar’”.

Agregó que “haber secuestrado a niños y mujeres es vergonzoso”, por lo que concluyó que “esto demuestra el nivel de degradación al que llegó el conflicto, al que llegó la organización”.

Mientras que Rodrigo Granda dijo que “yo participé en la conferencia donde esta política se aprobó, no puedo hacer lo de Pilatos, lavarme las manos. No estuve directamente donde se realizaron secuestros, pero eso no me exime de una responsabilidad colectiva”.

En tanto que Rodrigo Londoño indicó que “estamos viendo la imagen real y no la que creíamos tener y con la que nos llenamos de soberbia y nos llevó a cometer esos crímenes de lesa humanidad, a afectar gente humilde por la que creíamos que estábamos luchando, pero afectamos su proyecto de vida”.

Hoy se desarrollará el tercero y último día de la audiencia de reconocimiento por parte de los exintegrantes del secretariado de las Farc de su responsabilidad en el delito de secuestro.

Qué viene

Tras la audiencia, la magistratura tiene tres meses para remitir la resolución de conclusiones al Tribunal para la Paz que definirá la sanción a imponer a los imputados. Mientras el periodo se cumple, la Sala evaluará los reconocimientos del antiguo Secretariado, así como las propuestas de sanción propia que presenten los comparecientes y las observaciones de las víctimas a estas propuestas, y sus observaciones en los temas de la Resolución de Conclusiones.

Los excomandantes guerrilleros serían sancionados con restricción de la movilidad entre cinco y ocho años, aunque ello no implica que tengan que ir a la cárcel, pero sí se deben realizar acciones restaurativas en favor de las víctimas.