LA DISMINUCIÓN en la política de erradicación de narcocultivos está llevando a que en muchas regiones exista una sobreproducción de pasta y hoja de coca, lo que está afectando la cadena de valor ilícito del narcotráfico, disminuyendo sus ganancias. Esto está llevando a que, poco a poco, los grupos armados ilegales y las mafias estén concentrando cada vez más sus actividades en la minería ilegal, sobre todo en la extracción y comercio del oro.

Como se sabe, en medio de la turbulencia económica mundial, el precio del oro en los principales mercados internacionales se ha incrementado sustancialmente en los últimos meses, al punto que esta semana, por ejemplo, la onza de ese metal precioso alcanzó los 2.364 dólares.

En Colombia, en donde se calcula que más del 80% del oro que se exporta proviene del mercado ilegal, ese ‘boom’ en el precio del metal precioso ya está teniendo consecuencias, dado que la explotación ilícita es muy alta.

Este Diario habló con el Comandante del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat), general Gerardo Ortiz Ramírez, para conocer cómo es este mercado criminal en el país y cuáles son los precios de comparación con la cocaína y otros productos del narcotráfico.

Confirmó que la lucha contra el narcotráfico y contra la minería ilegal, sería uno de los factores para que el precio del oro en Colombia alcanzara altos valores.

Destacó que un kilogramo de oro en Estados Unidos está en USD $64.180,00. Mientras que la misma cantidad de cocaína en Norteamérica tiene un valor de USD $25.000,00.

“La lucha contra el narcotráfico ha generado durante varias décadas que cada vez se ejerzan más controles a toda la cadena de producción y distribución ilegal. Así las cosas, quienes se dedican a la economía ilícita a través del narcotráfico estaban en riesgo ante las autoridades en todo el proceso del mismo, es decir, desde la siembra hasta la entrega al consumidor final siempre se estaba en la ilegalidad”, mencionó el general Gerardo Ortiz.

“Por otra parte, para el caso del oro, cuando esté explotado de manera ilegal, únicamente durante su explotación es donde más se asumen riesgos frente a las autoridades, una vez este se encuentra en poder del acopiador regional, puede ser comercializado legalmente utilizando figuras como, por ejemplo, el oro chatarra”, acotó.

Además, dijo que el Eln, el EMC de las Farc, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, están detrás de esta práctica ilícita que destruye a Colombia.

Por su parte, el Comando General de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional informaron que en los últimos 15 meses han sido capturadas 1.554 personas durante la intervención de 4.272 minas ilegales, al tiempo que fueron incautadas 1.328 retroexcavadoras, excavadoras, buldóceres, dragas, dragas tipo dragón y buzo; clasificadoras, mezcladoras y trituradoras.

Sobre este tema, afirmó Ortiz Ramírez que la explotación ilícita de yacimientos mineros o minería ilegal ha sido reconocida como una problemática que afecta los recursos naturales y a su vez la seguridad nacional, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 774 de la Comunidad Andina de Naciones de la cual Colombia es país miembro.

Destaca que allí se emitió la “Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal” y se determinó que la minería ilegal como una amenaza, ordenando en su articulado a los países miembros, ejecutar medidas tanto legislativas, administrativas y operativas como de prevención y control frente a la explotación ilícita de yacimientos mineros. Esta conducta es tipificada como delito por el Código Penal en su artículo 332 de conformidad con la Ley 2111 del 2021.

“Por este motivo es importante tener en cuenta que, si a consideración del Gobierno se amplían las facultades del Ejército Nacional, a través de modificaciones legislativas o normativas, para la ejecución de medidas de destrucción u otras con el fin de detener el flagelo de la explotación ilícita de yacimientos mineros, es posible determinar que se afectaría una de las economías ilícitas más rentables actualmente para grupos al margen de la ley, generando una contundencia operacional en todo el país y evitando el daño ambiental”, expresó.

Por consiguiente, manifestó que “en ocasión a que la afectación a la maquinaria pesada y medios mecánicos de arranque de minerales que se usan en la explotación ilícita de yacimientos mineros generaría un debilitamiento financiero y económico del negocio ilícito, atacando un eslabón de la cadena de esta economía de guerra, como se puede catalogar actualmente, teniendo en cuenta que es el insumo más costoso”.

Los quebrantos al ecosistema

El general Ortiz Ramírez aseguró que el desarrollo de actividades mineras sin la previa autorización de la autoridad minera y ambiental, genera impacto en los ecosistemas y en el entorno en general.

“Se trata de un impacto negativo en las cuencas hidrográficas producto de la modificación parcial o total de las rondas de vegetación protectoras, erosión, contaminación en los componentes agua, suelo y aire; a su vez, generado por las sustancias químicas y medios mecánicos empleados para el arranque y el beneficio de los minerales; impacta negativamente en el ecosistema donde se produce el flagelo, ocasionando impacto sobre la fauna perturbada y ahuyentada por el ruido y la contaminación del entorno, así como la deforestación y otros impactos ambientales”, dijo.

También hizo referencia a la afectación de la minería ilegal en los parques nacionales naturales y las medidas que debe adoptar la Brigada para el cuidado medio-ambiental como garantía del futuro.

Sobre ello, respondió: “La explotación de minerales en áreas excluibles de minería como los son los Parques Nacionales Naturales (PNN) está prohibida según lo establece el código minero, así pues, mediante la acción unificada con autoridades ambientales se articula y planea la ejecución de operaciones militares para proteger y mitigar los impactos generados en ecosistemas estratégicos”.

En torno a la necesidad de desarrollar operaciones contra la minería ilegal, aun cuando la actividad se encuentra copada por grupos armados y protegida por campos minados, mencionó que la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros articula, coordina y desarrolla operaciones contra la extracción ilegal en conjunto con la Policía, la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo (Unimil), la FAC, la ARC y entidades gubernamentales en apoyo a las unidades territoriales que ejercen tercer anillo de seguridad en el área objetivo.

“El Eln viene centralizando sus finanzas en la minería ilícita, mediante cobros a mineros en Norte de Santander, Nariño, Antioquia, Chocó y sur de Bolívar. El Estado Mayor Central de las Farc-EP, viene realizando cobros a mineros del Valle del Cauca. La disputa en el Triángulo de Telembí entre el frente Ariel Aldana de la Segunda Marquetalia, la columna móvil ‘Franco Benavidez’ de las disidencias de las Farc y Eln, estaría determinado por la actividad minera. También el Clan del Golfo”, afirmó al ser consultado sobre cuáles son los grupos armados detrás de esta práctica ilícita que atenta contra la naturaleza y el bienestar del ecosistema.

Maquinaria amarilla

Ortiz Ramírez también habló sobre la efectividad del Gobierno en torno a la destrucción de maquinaria amarilla, indispensable en la práctica de minería ilegal.

“Sí está destruida de acuerdo a la capacitación que reciben los miembros explosivistas de la Policía Nacional (Unimil). Ahora bien, actualmente se vienen adelantando capacitaciones por personal de la Fiscalía General de la Nación a grupos de Especialistas en Neutralización de Material Explosivo (EOD, por sus siglas en inglés) de los ingenieros militares del Ejército Nacional”, dijo.

Además, mencionó: “La maquinaria es incautada e inmovilizada por la Fiscalía General de la Nación y puesta a disposición a las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones de Ley”.

Finalmente, destacó los daños al medio ambiente y el nivel de contaminación generados por el uso de mercurio. “Consultando las estadísticas operacionales los resultados de mercurio se ubican en principales cuencas hidrográficas como lo son el Río Cauca y el Río Nus en el departamento de Antioquia”, puntualizó.