La Procuraduría General de la Nación afirmó que es “determinante que los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reconozcan que existieron órdenes en las filas guerrilleras de matar a secuestrados en casos de insubordinación e intentos de rescate, y que no tenían protocolos claros ni definidos que buscaran garantizar la vida por encima de cualquier otro propósito”.

Así lo señaló el Procurador Delegado con Funciones de Coordinación e Intervención ante la JEP, en la audiencia de observaciones de las víctimas del Caso 01 “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”, que se desarrolló en Bogotá, al pronunciarse sobre la necesidad de que los excombatientes de las Farc-EP cumplan con sus compromisos de verdad.

Según el Delegado, frente a los reconocimientos individuales ante la JEP “la Procuraduría evidenció una constante ausencia de responsabilidad en hechos en los que los comparecientes participaron de forma directa. El lenguaje apuntó siempre a una idea en general: aceptar responsabilidad por la política de secuestros, pero por haber pertenecido a las Farc o por haber estado en el secretariado”.

Para el Ministerio Público, la forma de aceptación de responsabilidad en estos términos despersonaliza el reconocimiento individual, desconoce y oculta los daños causados, pues se ampara en temas abstractos de la estructura organizacional de las Farc.

Además lea: Noviembre, clave en decisiones para las presidenciales

“La Procuraduría cuestiona y considera problemática la manera como se les exigió a los comparecientes la aceptación de responsabilidad por parte de la JEP, en la que solo reconocen la responsabilidad de la organización, teniendo la oportunidad de disolver su participación individual y directa en casos concretos”, Procurador Delegado.

Sobre los hechos conexos a los secuestros, “la Procuraduría observó que hubo escasa prevención, control, seguimiento y sanciones dentro de las Farc-EP, para quienes incurrieron en conductas como violencia sexual, tortura, coacción, vejámenes, trabajos forzados, mediatización humana, despojos, desapariciones forzadas, delitos que tienen carácter permanente como los secuestros y muchos de los cuales aún permanecen en la indefinición”.

El Ministerio Público hizo un llamado a los comparecientes a continuar por el camino del reconocimiento, realizando aportes concretos y detallados a la verdad, respondiendo a las necesidades de las víctimas y cumpliendo con sus obligaciones dentro del sistema.

Igualmente, con relación a las antiguas Farc-EP insistió en la necesidad de profundizar en los avances de los planes humanitarios de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, en los cuales se establezcan zonas a intervenir, fechas y metas en tiempos definidos para realizar estricto seguimiento y lograr los objetivos.

“La Procuraduría seguirá interviniendo, contribuyendo y apoyando sin límites a la Jurisdicción Especial para la Paz, para poder llegar al anhelado logro de satisfacción de quienes nunca debieron sufrir tantos atropellos y de cumplirle a los comparecientes con lo pactado”, puntualizó el Procurador Delegado.