Por posibles irregularidades en la contratación para adecuar escenarios deportivos para os XX Juegos Deportivos Nacionales de 2015 la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Ibagué Luis Hernando Rodríguez Ramírez y al exdirector del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Ibagué (Imdri), Carlos Heberto Ángel Torres.

El Ministerio Público le reprocha al exburgomaestre (2012-2015) la posible vulneración del principio de responsabilidad que rige la contratación pública y un presunto detrimento al patrimonio público por más de $45 mil millones. Por ello calificó las presuntas faltas como gravísimas a título de dolo.

Dice la Procuraduría que Rodríguez Ramírez, como director de las justas y designado por Coldeportes como ejecutor del proyecto que demandó inversiones por algo más de $74 mil millones para la ejecución de 12 convenios de construcción, remodelación y adecuación de escenarios le correspondía asegurar y garantizar que las obras estuvieran disponibles y utilizables para los juegos nacionales y paranacionales.

Para el ente de control el exmandatario “no habría adoptado ninguna medida frente al incumplimiento de las obligaciones de los contratistas, a pesar de tener conocimiento del estado de las obras contratadas y de los constantes y continuos retrasos”.

También se le cuestiona el que presuntamente no hubiera actuado para evitar el incumplimiento en la terminación y funcionalidad de los escenarios deportivos, aun cuando tenía el deber legal y las herramientas jurídicas para tomar las medidas administrativas para ello.

En cuanto al exdirector del Imdri, la Procuraduría investiga un presunto detrimento al patrimonio y desconocimiento del principio de responsabilidad que rige la contratación estatal.

Para el órgano de control, “los investigados tendrían la responsabilidad y manejo de la actividad contractual mediante la cual se materializarían las obras, para el mejoramiento de la infraestructura deportiva de la ciudad, la administración de bienes ajenos, es decir, de los recursos que le fueron transferidos por Coldeportes y la Gobernación de Tolima por $74.581´845.086, y del aseguramiento y cumplimiento de los fines de la contratación”.

Para el Ministerio Público, habría un presunto detrimento patrimonial de $45.340´227.582, “toda vez que los escenarios no fueron terminados para la fecha de inicio de los Juegos Deportivos Nacionales, objeto primordial de los convenios suscritos con Coldeportes, la Gobernación del Tolima, el municipio de Ibagué y el Imdri, ni con posterioridad a la culminación de los eventos”.