La importancia de implementar todas las medidas adecuadas y eficaces, estipuladas en estándares internacionales de derechos humanos, para prevenir la desaparición de personas, incluida la desaparición forzada, reiteró la Unidad de Búsqueda y la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Estas entidades resaltaron la labora del Gobierno que "ha realizado importantes acciones para brindar respuesta a las alegaciones sobre desapariciones ocurridas en el marco de las protestas pacíficas, que comenzaron el pasado 28 de abril".
Sin embargo, en el contexto que vive actualmente el país recomiendan que se refuercen las medidas adoptadas con el fin de "consolidar un registro unificado de las privaciones de la libertad, que contribuya a la delimitación del universo de personas sobre las que se alega su desaparición".
Además, también piden que se inicie la búsqueda y localización de las personas que han sido reportadas como desaparecidas, la cual debe ser liderada por las autoridades competentes, con participación de las víctimas y las organizaciones denunciantes.
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"Recordamos que en el marco de los deberes estatales para la protección de las personas que se encuentran ejerciendo el derecho de reunión pacífica, la implementación de cualquier procedimiento administrativo o judicial que pueda limitar el derecho a la libertad personal de estas personas tiene una naturaleza excepcional", señalaron.
Asimismo, recordaron que los estándares internacionales establecen límites y criterios de razonabilidad y proporcionalidad frente a la limitación del derecho a la libertad personal en contextos de manifestaciones.
"Es esencial que el Estado garantice que las privaciones de libertad, cualesquiera que sean las formas jurídicas que revistan, se realicen con el estricto cumplimiento de los límites y garantías contenidas en las normas de derecho internacional, bajo principios de transparencia y publicidad", agregaron.
De igual manera, agregan las personas detenidas tienen derechos como el acceso a un abogado, la comunicación oportuna con sus familiares y ser mantenidas en lugares de privación de libertad oficialmente reconocidos y controlados por las autoridades.
"Es necesario que el Estado cuente con registros actualizados y disponibles de las personas privadas de la libertad, que permitan hacer un monitoreo en tiempo real sobre su detención, traslado y liberación, aún en casos de procedimientos administrativos policivos", concluyeron las entidades.