La Procuraduría General de la Nación puso bajo la lupa a nueve funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tras la inspección llevada a cabo en la Registraduría Nacional del Estado Civil.
El proceso disciplinario fue iniciado después de que surgieran dudas sobre la legalidad y legitimidad de la visita realizada por la SIC para recabar información de la entidad electoral, específicamente relacionada con el acceso a las bases de datos de la Registraduría.
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Entre los funcionarios mencionados en el documento que ordena la apertura del proceso disciplinario se encuentran: Francisco Melo Rodríguez, Mario Alejandro Franco Vanegas, Martha Liliana Fandiño Vergara, Mercy Lorena Agámez Rodríguez, Daniela Alvarado Guzmán, Rober Alexis Núñez Barrios, Jéssica Juliana Ortega Velandia, Daniel Leonardo Muñoz Manrique y José Miguel Moreno Reina.
La procuradora general, Margarita Cabello, afirmó que "la Procuraduría General de la Nación hizo vigilancia preventiva a esas actuaciones y además consideró, al detectar y observar presuntas irregularidades, también posibles excesos, iniciar investigación disciplinaria contra varios funcionarios de esta superintendencia". Este proceso busca determinar si hubo extralimitación de funciones, abuso de autoridad o prácticas extorsivas durante la inspección llevada a cabo por la SIC en la Registraduría.
El informe preliminar de la Procuraduría detalla que se solicitarán pruebas relacionadas con los certificados laborales de los funcionarios que participaron en la inspección, así como documentos sobre la conformación del equipo especializado que llevó a cabo la visita. Además, se cuestiona la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio para realizar este tipo de diligencias sobre una entidad como la Registraduría, que no está dentro de los sectores de Industria y Comercio ni compite en el mercado, planteando interrogantes sobre la legalidad de dicha acción.
La controversia generada por esta inspección pone de manifiesto la importancia de establecer límites claros y procedimientos transparentes en las actuaciones de los entes de control, especialmente cuando se trata de entidades tan sensibles como la Registraduría Nacional del Estado Civil, encargada de aspectos fundamentales para la vida política del país.