La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la JEP que impute a los máximos comandantes del Bloque Noroccidental de las FARC por crímenes de lesa humanidad como esclavitud, violencia sexual, tortura, desaparición forzada cometidos, entre otros, en contra de menores de edad, mujeres y ancianos.

En el documento de observaciones frente al macrocaso 01, subcaso Bloque Nororccidental de las FARC, entregado por el Ministerio Público a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, el procurador delegado ante esa jurisdicción, Jairo Acosta Aristizábal, aseguró que existe la necesidad latente de que las víctimas con enfoques diferenciales sean exaltadas. 

“Niños secuestrados, personas de la tercera edad o en condición de vulnerabilidad fueron privadas de su libertad en formas crueles e inimaginables. Se han convertido en caminantes perpetuos, siguen reclamando restitución de tierras o indemnizaciones: reclaman lo que es suyo. El riesgo ante esta deuda, aún vigente, es que como sociedad y Estado volvamos a fallarles”, señaló el delegado Acosta.

Cifras criminales 

Del análisis realizado por la Procuraduría frente a las versiones de comparecientes y víctimas relacionadas en el expediente, se identificaron 454 hechos cometidos por esta estructura, que agrupan un total de 1.200 víctimas, 167 mujeres, 895 hombres, tres personas con orientación sexual e identidad de género diversa y al menos 38 niños, niñas y jóvenes.

Los crímenes más reiterados son la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, con 134 víctimas y el homicidio de 66 personas. En cuanto a las formas de ejecución de los secuestros, el 36 % se ejecutaron bajo la modalidad de retención en vías, mientras que un 17,84 % fue invasión a la propiedad privada.

Los municipios con mayor cantidad de víctimas secuestradas por dicho bloque fueron: Tierralta (123), Jardín (49), Mutatá (48), Quibdó (44), Dabeiba (40), Samaná (38), Medellín (35) Guatapé (34) y Sonsón (30), siendo Antioquia, Córdoba y Chocó los departamentos más afectados.

Se pudieron identificar casos donde las víctimas fueron obligadas a trabajar de forma forzosa, por lo que solicitó la incorporación del crimen de esclavitud en la imputación, pues fue un patrón que ocurrió en todo el país. Uno dato que llama la atención es que por lo menos 183 secuestros no tuvieron una finalidad identificada.

Respecto de los tratamientos crueles e inhumanos a los que fueron sometidas las víctimas, la delegada puso como ejemplo el de la víctima, OJDC, quien fue utilizado como escudo humano y luego fue abusado sexualmente; los asesinatos fueron unos de los más recurrentes, con por lo menos 15 casos donde las víctimas fueron ejecutadas. Entre estos últimos se encuentran, por ejemplo, el caso de la alcaldesa de Marquetalia, Caldas, quien fue asesinada y ultrajada por varios hombres armados después de que celebrara una reunión política en una escuela veredal.

El Ministerio Público concluyó en su análisis, que existió un patrón particular dentro del Bloque Noroccidental, según el cual el homicidio fue un tratamiento recurrente de víctimas de secuestro.

También que estos crímenes no fueron hechos aislados, sino que el homicidio de personas en cautiverio era un asunto del que la dirección tenía conocimiento o al menos debía tenerlo, por lo cual deberá determinarse cómo operó este patrón en particular, quiénes autorizaron el asesinato de personas en cautiverio y cuáles frentes tuvieron participaron en esta.