A dos días de cumplirse un año del Paro Nacional convocado el 21 de noviembre de 2019, este jueves se adelanta una nueva jornada, promoviendo un pliego de emergencia que se desprende en términos generales del que se impulsó hasta comienzos de 2020, cuando la cuarentena obligó a posponer las movilizaciones previstas.

La movilización tiene como lema "por la vida, la democracia y la negociación del pliego de emergencia" y arranca en Bogotá a las 9 de la mañana desde el Parque Nacional para avanzar hacia la Plaza de Bolívar.

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En las comunicaciones emitidas en los últimos días se expone que a los puntos presentados antes del 21 de noviembre de 2019 se suman los contenidos en el llamado pliego de emergencia que, alega el Comité, el Gobierno “de forma arbitraria se ha negado a negociar”.

Para los convocantes, “antes que prestar la debida atención a las múltiples necesidades económicas de trabajadores, campesinos e indígenas, empresarios del agro y la industria, estudiantes universitarios, maestros y trabajadores de la salud y de las demás capas y clases medias y populares contempladas en el pliego de emergencia, el Gobierno sigue tomando medidas contra nuestro pueblo, destina los recursos del FOME para llenar de prebendas y canonjías al capital financiero”.

Uno de los trasfondos de la jornada de este jueves, ya que del Comité hacen parte las centrales obreras, es la negociación del incremento salarial para 2021.

Ya ha publicado EL NUEVO SIGLO como el empresariado apunta a un aumento mesurado, que no se supere la inflación, que este año cerrará en 2%, según lo esperado, en tanto que el sindicalismo ha planteado cifras por encima del 10%.

El debate para el aumento del salario mínimo se hará en el marco de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, liderada por el Gobierno (específicamente por el ministro Cabrera) con la participación gremial y sindical.

En su convocatoria para el jueves, el Comité ha dicho que “ante la negativa del Gobierno de sostener diálogos y negociaciones” con él, “nos queda insistir y persistir en la protesta y movilización social para defender la democracia, la paz, y los derechos”.

Entre las organizaciones que hacen parte del Comité y que firmaron el pliego de emergencia están la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC), la Confederación Democrática de Pensionados (CDP), la Unión Sindical Obrera (USO), la Coordinadora de las Organizaciones Sociales (COS), la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees), la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (Unees), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Seis puntos del pliego de emergencia

1. Intervención del Estado del sistema de salud para garantizar la atención en la pandemia, estableciendo todas las medidas de bioseguridad requeridas y formalización laboral para todos los y las trabajadoras de la salud.

2. Renta básica de emergencia de por lo menos un salario mínimo legal vigente por seis meses para treinta millones de personas en condición de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis. Moratoria en el pago de créditos hipotecarios y de consumo, en el pago de los servicios públicos (agua, electricidad, internet, gas) durante cuatro meses, prohibiendo el corte de estos.

3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina) y el empleo con derechos. Defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria: condonación de créditos agropecuarios y subsidios para la producción de las y los campesinos y pequeños y medianos productores y un programa de compras públicas para la producción agropecuaria. Qué no se desmejoren las condiciones de las y los trabajadores y de las y los pensionados. Se completará el subsidio al valor total de las nóminas y la prima para las mipymes.

4. Apoyo al sistema educativo público dirigido a garantizar la matricula cero en las instituciones de educación superior pública y subsidios dirigidos a garantizar la continuidad de los estudios en las instituciones de educación superior privada y apoyo al sector cultural. No retorno a las clases presenciales para el sistema educativo mientras no estén las garantías para ello.

5. Mujer y diversidades sexuales: acciones diferenciadas y específicas para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales durante la emergencia. Robustecer las acciones de prevención a las violencias basadas en género. Derogatoria de los decretos de emergencia que han desmejorado las condiciones de la vida económica y social.

6. No privatización de la red de transporte en oleoductos de Ecopetrol.