El artículo 153 de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) evitaría la extradición de narcotraficantes, advirtió ayer el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

La citada norma dice textualmente: “Extradición de quienes estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición: No se concederá la extradición de otras personas que estén ofreciendo verdad ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, antes de que terminen de ofrecer verdad”.

‘Articulejo’

Durante la audiencia pública adelantada por el Senado sobre las objeciones presidenciales a dicha ley, el fiscal Martínez dijo que “de pronto apareció en la ley estatutaria un ‘articulejo’ que dice que si un tercero que conoció la intimidad del conflicto armado y va a contribuir a que se conozca la verdad, a saber qué hicieron los paramilitares, quién los financió y cómo fue el horror de la guerra, no le vamos a dar la extradición”, señalando que esos terceros serían los narcotraficantes.

“Colombia y la comunidad internacional tienen que saber que prohibimos de nuevo la extradición por el prurito de conocer la verdad, pero ¿cuál verdad? La verdad que va a recrear el narcotraficante para evitar su extradición”, sostuvo durante la audiencia convocada por la comisión accidental que estudia las objeciones formuladas por Duque.

Martínez afirmó que desea conocer el nombre del responsable de la inclusión del artículo. “Estoy buscando de dónde salió ese ‘articulejo’ y voy a conocer quien fue su autor. El país tiene que conocer el cuño de esa norma de muy dudosa inspiración”, afirmó.

Otra de las normas que le preocupan al fiscal Martínez es el artículo 19, que habla de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, en lo que se refiere a quienes no son máximos responsables. Para él esa renuncia a la acción penal podría conducir a la impunidad.

Sobre este aspecto recordó que si hay impunidad, de inmediato se estaría abriendo la puerta para que la Corte Penal Internacional (CPI) entre a actuar en cuanto a los victimarios del conflicto, bien sean ex guerrilleros o agentes del Estado.

Esa apreciación fue respaldada por el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Francisco Espinosa, quien dijo que ante la ausencia de investigación, los responsables de delitos están más expuestos a la CPI.

Martínez advirtió que si no puede citar diligencias judiciales en los procesos que conoce la Fiscalía, ese tribunal internacional podría intervenir. “Si no puedo citar a diligencias judiciales, habrá un sonrisa enorme en la justicia internacional, porque están buscando jurisdicciones en las cuales intervenir”, señaló.

Durante la intervención del fiscal Martínez se generó una discusión con el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, que solicitó un derecho a la réplica que no le fue concedido.

Objeciones y proceso de paz

El comisionado de paz Miguel Ceballos por su parte afirmó que si el Senado no acoge las objeciones formuladas por el presidente Duque se afectaría un eventual proceso con la guerrilla del Eln y con otros grupos armados ilegales.

Afirmó que la ley estatutaria le quita las facultades al Gobierno para verificar las listas de desmovilizados y le entrega esa función a la propia JEP, específicamente a la Sala de Amnistía.

“Durante 22 años el Ejecutivo ha tenido la facultad de verificar la pertenencia o no de actores armados a un grupo armado”, dijo. Agregó que le “preocupa que la indeterminación de esa facultad afecte tanto procesos presentes como procesos futuros, como un eventual diálogo con el Eln, porque si es la JEP la que determina quiénes son miembros de un grupo armado, a su vez tendrían que ser jueces de ellos, entonces ahí hay una grave inconveniencia”.

Durante la audiencia pública también intervino la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien indicó que las posiciones que se han escuchado alrededor de las objeciones han sido netamente políticas, a la vez que manifestó que “no hay ningún interés político de acabar con la estructura de la JEP”.

Gutiérrez hizo un llamado a los partidos Liberal, Cambio Radical y La U para que analicen las objeciones, al tiempo que recordó que el presidente Duque ha hecho un llamado para alcanzar un acuerdo político, ya que “el Gobierno no le apunta a que la ley estatutaria se caiga”.

Aseguró que el Estado debe proteger la verdad y que “los culpables no se pueden amparar en la justicia transicional”.