Camilo Gómez anunció que se estudia la estrategia para enfrentar la posible demanda de la multinacional Uber

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Colombia está preparando toda su artillería jurídica para enfrentar la posible demanda que iniciaría en las próximas semanas la multinacional Uber.

El anuncio de la compañía extranjera se conoció en una carta que sus directivas en Colombia hicieron llegar a la Presidencia de la República (ver recuadro).

La amenaza de demanda se conoce dos semanas después de que la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó, a finales del año pasado, suspender el servicio de transporte que presta la multinacional estadounidense por considerar que incurre en competencia desleal.

Frente al anuncio, Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, dijo que “la normatividad interna no se negociará con Uber”, y que “la Nación está preparada para enfrentar la demanda”.

"Uber tiene sus argumentos, que no están desarrollados en la carta. Normalmente, en las demandas de inversión viene una etapa previa, de conversaciones entre el inversionista y el Estado. Eso está en función de la agencia, en compañía con el Ministerio de Comercio. Si en seis meses no se ha logrado un acuerdo, sí podrían demandar. No sé qué foro escogerían, pero el más común es el Ciadi, del Banco Mundial”, dijo Gómez.

El funcionario explicó que si bien no se puede desestimar la posible demanda, el Estado colombiano ha enfrentado unos pleitos mucho más complejos.

“Colombia está lista para la defensa. Hemos tenido procesos como el de Gas Natural Fenosa, Naturgy, Movistar, Claro, las de las mineras, entonces este no se trata de un tema tan novedoso, pero lo primero que tenemos que hacer como Estado es sentarnos a evaluar las pretensiones de la posible defensa”, aseguró.

La sanción a Uber

El año pasado, una demanda interpuesta por Cotech S.A. (empresa que opera la aplicación de Taxis Libres) en contra de Uber BV, Uber Technologies INC y UBER Colombia S.A.S., consideró que estas últimas incurrieron en actos de competencia desleal por violación de normas y desviación de clientela al prestar de manera irregular el servicio público individual de transporte.

El 20 de diciembre pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, le ordenó a Uber cesar la utilización de contenido, acceso y prestación del servicio de transporte individual de pasajeros bajo las modalidades Uber, Uber X y Uber VAN.

Ahora, el Superintendente Andrés Barreto, dijo que la decisión frente a la posible demanda quedó en manos del despacho de Camilo Gómez, quien consideró “débiles” las pretensiones de Uber.

“A priori le puedo señalar que no hay una inversión de Uber en Colombia, Uber está prestando un servicio en desconocimiento del régimen jurídico colombiano y en ese sentido yo veo las pretensiones muy débiles frente a un tribunal arbitral, porque no les está permitido prestar la actividad en Colombia y no sabemos cuál sería la inversión que no se les está respetando o la estabilidad jurídica del TLC”, señaló Barreto.

Por su parte, el representante a la Cámara Mauricio Toro, de la Alianza Verde, uno de los que más ha insistido en la regulación de este tipo de plataformas tecnológicas, expresó que la posible demanda de Uber contra la Nación “es desacertada” ni “es oportuna jurídicamente”.

En su cuenta de Twitter escribió: "Los colombianos no debemos pagar este tipo de demandas. Uber ha aprovechado la falta de regulación. Insisto: la forma es regular urgente para evitar abusos de parte y parte. Ciudadanos no podemos seguir sometidos".

((RECUADRO))

Los argumentos de Uber

En la carta a la Presidencia de la República, Uber sostiene varios argumentos de su posible demanda.

- Uber es una empresa organizada bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos, que ha realizado varias inversiones en Colombia. Uber Colombia, organizada bajo las leyes de Colombia, es una subsidiaria de Uber. En consecuencia, Uber es un inversor protegido de los Estados Unidos y Uber Colombia es una empresa protegida en virtud del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

- Uber desarrolla, respalda y posee una plataforma tecnológica que, entre otras cosas, permite a los proveedores independientes de servicios de viaje compartido ("Driver Partners") celebrar contratos de transporte con pasajeros en Colombia (la "Plataforma Uber").

- Uber actúa como una conexión para los Conductores Asociados al cobrar las tarifas que cobran a los pasajeros por sus servicios de viaje compartido.

- En compensación por el uso de la Plataforma Uber, Uber recibe una tarifa de intermediación. Las inversiones protegidas en Colombia incluyen, entre otras.

- Uber Colombia, una "empresa" que brinda servicios de mercadeo y otros servicios de apoyo a las operaciones de Uber.

- "Participación accionaria" en Uber Colombia a través de una de sus filiales.

- En contraste, otras compañías de Colombia y terceros países que ofrecen formas similares en Colombia no han sido sometidas al mismo tratamiento y continúan operando en Colombia sin interferencia similar de la República.

- Las medidas arbitrarias y discriminatorias de la República contra Uber han sido tomadas ante la presión política de los intereses nacionales para que la República prohíba a Uber en Colombia y anule las inversiones de Uber.

- Tanto Uber como Uber Colombia poseen inversiones protegidas en virtud del Tratado. Uber y Uber Colombia, incluidos sus más de 230 empleados en Colombia, han contribuido al crecimiento de la economía de Colombia desde 2013.

- La orden ilícita de la República de bloquear la Plataforma Uber en Colombia también constituye un acto de censura en contravención de los instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen la neutralidad de la red, la libertad de expresión en internet y la libertad de uso de Internet.