En dos acciones judiciales distintas, la Fiscalía llevó ante jueces de control de garantías a los presuntos responsables de masacres y agresiones contra defensores de derechos humanos y sus familias.
Por los crímenes de Álvaro Narváez, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Mojarras, en Mercaderes (Cauca), además de su esposa, hijo y una nieta, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación logró la judicialización de cuatro personas que estarían involucradas en los hechos.
Los procesados fueron imputados, según el nivel de participación, por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Todos recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Ante un juez de control de garantías de Puerto Asís (Putumayo), la Fiscalía imputó a Abel Antonio Loiza, alias ‘Azul’, integrante del Grupo Armado Organizado Residual 48, por varios crímenes y agresiones contra reincorporados y defensores de derechos humanos.