EL NUEVO SIGLO: ¿Cuánto le podría tomar al Gobierno reducir significativamente las 209 mil hectáreas de coca?

ANA MARÍA ARJONA TRUJILLO: Es difícil de contestar, pero creo que la pregunta no debería ser cuánto nos vamos a tardar en reducir los cultivos sino cuál va a ser la estrategia de largo plazo. Desde luego cuando hacemos erradicación forzosa, sea con fumigaciones o sea de otra manera, pues hay una disminución inmediata en los cultivos porque los estamos eliminando. Desde luego es una política que tiene unos resultados de corto plazo innegables y que en ese sentido puede ser muy eficaz.

El problema es que empecemos a mirar cuál es el efecto de elegir esta política para reducir cultivos en el largo plazo por varias razones: por un lado cada vez que hacemos erradicación, nos concentramos en una zona para eliminar los cultivos y lo que terminamos haciendo es que un tiempo después, normalmente un par de años más adelante, los cultivos y la conflictividad alrededor de los cultivos se esparce en el territorio nacional.

Entonces, si por ejemplo uno mira las cifras de cultivos en los últimos 15-18 años, había zonas que hace 15 años tenían cero cultivos o muy pocos cultivos, y que no tenían un nivel de conflictividad alto. Por ejemplo la zona del Pacífico, en donde no había grupos armados, ¿qué pasa cuando se hace una presión muy grande sobre el sur de Colombia, sobre todo en el Putumayo? Que se empiezan a ampliar las regiones del país donde hay cultivos porque los actores armados innovan y se adaptan y empiezan, digamos, a regar el cultivo a otras zonas.

Entonces, puede ser que la aspersión o la erradicación forzosa tengan un efecto en el corto plazo, pero eso nos puede llevar a que en dos o tres años estemos lidiando con el mismo problema pero en más zonas del país.

Lo segundo que creo, es que es importante pensar en que hacer este tipo de erradicación dificulta el trabajo con las comunidades para lograr traerlas a la legalidad o para lograr llevar el Estado a estos territorios e incorporar a estas comunidades en la vida política, social y económica del país en el largo plazo. Porque para las comunidades lo que pasa con estas formas de erradicación es que ven una cara muy dura y opresiva del Estado, pero que no suele llegar con el resto de obligaciones que tiene con sus ciudadanos.

Entonces, al crear esta tensión con las comunidades se puede estar generando una dificultad que dure muchos años porque daña la legitimidad del Estado, creando una dificultad para que el Estado pueda llegar con otra política pública y que sea eficaz.

ENS: ¿Qué otro problema encuentra en esta forma de abordar el flagelo de los cultivos ilícitos?

AMAT: Quizá deberíamos estar teniendo un debate, con las presiones internacionales, sobre cómo debemos medir los esfuerzos por reducir el aporte de Colombia al mercado de drogas. Si nos preocupa es la cantidad de cocaína que hay en el mercado, deberíamos estar mirando realmente dónde se pueden hacer mejor los esfuerzos para reducir esa cantidad de cocaína, y lo que muestran muchos trabajos que se han hecho sobre esto es que, por ejemplo, las intervenciones que logran destruir redes de narcotráfico tienen un efecto en el mercado de drogas mucho más grande que la reducción de cultivos, pero solo nos miden según el área cultivada.

Entonces, ahí hay también un problema en cómo estamos evaluando y cómo desde afuera evalúan a Colombia en términos de lucha contra el narcotráfico.