Las Empresas Públicas de Medellín se quedaron sin argumentos para finalizar el contrato de Hidroituango con las empresas constructoras, como se dio a conocer esta semana.

Todo se debe a la suspensión del fallo de la Contraloría General contra los contratistas actuales, que fue dado en segunda instancia y permitiría acabar el vínculo.

Según la última ampliación del contrato de Hidroituango hasta diciembre de 2021, permitía a alguna de las partes notificar antes del 1 de julio la razón para no continuarlo por más tiempo ante un hecho de fuerza mayo, como el que indicó EPM.

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Sin embargo, los términos del fallo de la contraloría quedaron suspendidos desde el pasado 20 de octubre, por una recusación de una de las imputadas en el caso María Eugenia Ramos.

Para este martes será la reunión entre EPM y los contratistas, para buscar soluciones a la actual crisis en las obras y la situación jurídica, pero asegurando desde las Empresas Públicas que el final de contrato no afectarán las finanzas ni terminar la construcción del proyecto energético.