En lo que va del año se han registrado 55 muertes por desnutrición y causas asociadas en en La Guajira, según el Instituto Nacional de Salud. Ante esta situación, Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno implementar acciones integrales contra esta problemática.

"El Defensor del Pueblo solicita la implementación de medidas que permitan lograr el eje transformador del derecho humano a la alimentación, atendiendo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo", aseguraron en su comunicado. 

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación debido a la difícil situación de seguridad alimentaria que vive La Guajira, la cual generó la muerte por desnutrición y causas asociadas de 55 niñas y niños menores de 5 años entre enero y el 21 de septiembre de este año, según datos del Instituto Nacional de Salud (INS). El 93% correspondía a población indígena.                  

“Lo que infortunadamente está sucediendo es el resultado de la ausencia de políticas públicas integrales y de una respuesta sólida estatal que permitan la construcción de planes de acción que tengan en cuenta las necesidades y contextos propios de la población indígena del departamento, especialmente las que conciernen a la generación de opciones productivas sostenibles para la población más vulnerable, así como a la falta de garantías para tener un acceso continuo al agua potable con una amplia cobertura”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis. 

Los pueblos indígenas más afectados, de acuerdo con la información reportada por el INS, fueron el Wayúu (46 fallecimientos), Wiwa (3), Kogui (2) y Arhuaco (1). Además, se registra que el 83,9% de las muertes se presentó en niñas y niños que residían en zonas rurales, y el 7,1% de los casos correspondió a hijas o hijos de madres cuyas edades oscilan entre los 12 y 17 años.

Desnutrición aguda moderada y severa

Adicionalmente, en el mismo periodo relacionado fueron notificados 1993 casos de desnutrición aguda moderada y severa en niñas y niños menores de 5 años en el departamento, ubicándose como la segunda entidad territorial con mayor número de notificaciones. El aumento fue del 47% en comparación con los registrados en el mismo periodo del 2022, cuando se reportaron 1360.

El 96% de los casos correspondió a niñas y niños en estrato socioeconómico 1, y el 16,5% se identificó como casos reincidentes; es decir, una niña o niño que se recupera y regresa a su comunidad, pero no logra las garantías necesarias para tener un estado óptimo de nutrición y vuelve a presentar condiciones de desnutrición. 

“Desde la Defensoría del Pueblo hemos verificado en terreno la vulneración sistemática de derechos como la salud; por ejemplo, municipios como Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia no cuentan con disponibilidad, accesibilidad y calidad en la atención, establecidos tanto en la Observación General 14 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales como en el artículo 6 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015”, manifestó Carlos Camargo Assis. 

Los llamados de la Defensoría

“Desde la Defensoría del Pueblo hemos alertado de manera reiterada la grave situación de derechos humanos que presentan las comunidades en el departamento de La Guajira, especialmente las niñas y los niños que se enfrentan a diario a escenarios de inseguridad alimentaria. Es deber de todas las autoridades tomar medidas integrales y con una cobertura amplia de servicios, que permitan dar respuesta a las situaciones de vulneración de derechos en el departamento”, manifestó Carlos Camargo Assis. 

“Pedimos al Gobierno Nacional que, en cumplimiento de la Ley 2294, por medio de la cual se sancionó el Plan Nacional de Desarrollo, sean adoptadas acciones integrales y rutas que permitan lograr el eje transformador del derecho humano a la alimentación, el cual se estableció como uno de los ejes del actual gobierno, y en el que se expuso la importancia de lograr disponibilidad, acceso y medidas de adecuación para garantizar ese derecho”, enfatizó el Defensor del Pueblo. 

Igualmente, hizo un llamado a la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional y a la mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de La Guajira para que, en el marco de las responsabilidades establecidas en la creación de esos mecanismos, se coordinen espacios y acciones que establezcan rutas claras para la atención de la primera infancia en el departamento con un enfoque étnico, teniendo en cuenta que esa población sigue presentando la mayor afectación por desnutrición.