Durante la discusión del proyecto de reforma constitucional en el que se busca que la violación y los delitos sexuales no puedan ser considerados conexos con el delito político, una intervención de la senadora Judith Simanca (Victoria Sandino), del partido Farc, provocó una enérgica respuesta del uribismo.

“Me parece importante que se plantee que hay un interés en discutir la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas y los niños. Ojalá usaran esa motivación moral que expresan aquí para no ordenar el asesinato de niñas de 12 años en bombardeos. Ojalá se preocupara el Gobierno para evitar el abandono en que se encuentran niños y niñas de nuestro país”, dijo.

Así mismo, negó que desde la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) se esté garantizando la impunidad: “El punto 40 del acuerdo de paz en materia de víctimas dice que no serán objeto de amnistía ni de indulto, ni de beneficio equivalente el genocidio o los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad, toda infracción del DIH cometida de forma sistemática, entre ellos la violencia sexual. No es cierto que la JEP esté brindando impunidad estos hechos y tampoco que se puedan relacionar con delitos políticos y no amnistiables”.

Sandino manifestó que “no se puede utilizar un hecho como este para mover un sentimiento, donde no hay por parte del Estado una disposición para atacar este flagelo. Se está amenazando con este proyecto, por el contrario, la posibilidad de entablar un diálogo y esperanza de paz para este país y al tiempo atacar a la justicia transicional, a la JEP”.

Inmediatamente el senador del Centro Democrático, Fernando Nicolás Araújo, calificó a su colega de incoherente y cínica: “Aquí hay una gran incoherencia. La senadora Sandino habla de estos temas con todo cinismo. Ella tiene tres investigaciones por reclutamiento de menores. Tiene cuatro denuncias por asistir abortos inducidos. Dos implicaciones en casos de acceso carnal violento no consentido. Y está denunciada por la Corporación Rosa Blanca por haber participado en abortos ilícitos y fomentar relaciones sexuales con menores de edad en las filas de la guerrilla de las Farc”.

Según Araújo, “este Congreso debería mirar la forma en que estas personas que no han pagado un día de cárcel y que están vinculadas a la JEP se declaren impedidas en este tipo de discusiones”.

Días atrás, el senador Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada), también del partido Farc, radicó en la Secretaría de la Comisión Primera las certificaciones de la Fiscalía en las que “consta que no tenemos ninguna denuncia por este delito”, según dijo en su momento.