Vicepresidencia mantiene congelada cualquier actuación contractual para su rescate

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Han pasado casi cuatro décadas desde que una empresa norteamericana anunció al mundo la ubicación exacta del Galeón San José, uno de los patrimonios sumergidos más importantes de Colombia en el Mar Caribe.

Desde entonces, toda una maraña de decisiones judiciales, demandas y contrademandas, ha marcado este litigio que aún hoy tiene en vilo no solo a los expertos, sino también a los gobiernos de Colombia y España.

La más reciente decisión se produjo el pasado lunes cuando la Sala Octava del Tribunal Superior de Barranquilla ordenó el embargo cautelar de los tesoros contenidos en el Galeón San José a petición de la compañía Sea Search Armada (SSA), la misma que en 1982 informó que tenía las coordenadas exactas del sitio donde reposan los restos del naufragio.

En ese momento, la SSA reclamó como suyo el 100% del contenido de la embarcación hundida por corsarios ingleses frente a las islas del Rosario en 1708 con más de 11 millones de pesos de la época representados en objetos y monedas de oro y plata que eran transportados desde el virreinato de la Nueva Granada para el reino español.

Tras largos años de pleito en los tribunales, un juzgado de Barranquilla determinó, en 1994, que los posibles tesoros del San José corresponderían en 50% a Colombia y el otro 50% a la compañía estadounidense.

En otra decisión del 31 de octubre de 2017, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla levantó la medida cautelar de secuestro del San José, fallo que fue apelado por la empresa Cazatesoros SSA.

El litigio llevó al Congreso de la República a expedir la Ley 1675 del 30 de julio de 2013 con el propósito de “proteger, visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumergido de la Nación”.

Sin embargo, el 4 de diciembre de 2015 el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció que la ubicación exacta del Galeón San José se logró de forma conjunta por la Armada Nación a través de la Dirección Marítima (Dimar) y la empresa Maritime Archeology Consultants (MAC).

Para rescatarlo de las profundidades –se estima que el Galeón San José reposa muy cerca de las islas del Rosario a uno 80 metros de profundidad- el Gobierno Santos inició un proceso licitatorio a través de una Asociación Público Privada.

A su turno, el año pasado el Consejo de Estado determinó que el Galeón San José y su cargamento son patrimonio de los colombianos, y que si la empresa SSA quiere obtener la parte que considera le pertenece tendrá que demostrar que el barco se encuentra en las coordenadas exactas que anunció en 1982.

Sin embargo, en julio del año pasado, suspendió el proceso de adjudicación de la APP y dejó el proceso en manos de su sucesor, el presidente Iván Duque.

“La información confidencial, de las coordenadas, se encuentra custodiada por el Archivo General de la Nación, asociada a un protocolo de manejo a fin de garantizar la seguridad nacional. Le solicito a la Procuraduría General de la Nación que observe el carácter confidencial y de reserva de esta información, y que su manejo sea acorde con la seguridad y soberanía nacional”, dijo Santos en ese momento.

Desde entonces, Duque suspendió cualquier proceso de negociación y ha postergado en varias ocasiones los plazos para la contratación del rescate del San José.

No se afecta el proceso contractual

Frente al reciente fallo del Tribunal Superior de Barranquilla que dictó medidas cautelares frente a los posibles tesoros del galeón, el Gobierno nacional anunció que formuló una consulta al Consejo de Estado para que revise la historia de todo el proceso de contratación para el rescate del San José.

Con base en ese concepto -que no es vinculante- el Gobierno responderá a la nueva petición de la empresa estadounidense SSA que propuso no seguir reclamando la parte que considera le corresponde de ese tesoro sumergido a cambio de una jugosa indemnización.

A respecto, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, encargada por el gobierno Duque para dirigir todo el tema del Galeón San José, dijo que la reciente decisión del Tribunal de Barranquilla “en nada afecta el proceso contractual vigente”.

“Lo declarado por la Sala Octava del Tribunal Superior de Barranquilla solo se refiere a una medida procesal antigua que en nada afecta el proceso contractual vigente en este momento”, afirmó Ramírez.

Es más, la funcionaria dejó en claro que Colombia no revelará las coordenadas del sitio exacto donde fue hallado el naufragio, esto ante la petición que en varias oportunidades ha hecho la SSA para que “conjuntamente” revisen el sitio exacto.

“Colombia mantendrá en la más absoluta reserva las coordenadas donde se encuentra el naufragio, y no cederá frente a las estrategias que buscan la revelación de esta valiosa información. El San José es un patrimonio de los colombianos para toda la humanidad. El Gobierno nacional no ahorrará esfuerzos en la defensa de este patrimonio”, insistió.

No obstante, el reciente fallo judicial señala que a partir de esta medida cautelar “será absolutamente nulo” cualquier contrato que se celebre sobre los tesoros embargados del galeón San José, pues además, la decisión le da la razón a la compañía extranjera cuando advierte que el área donde fue hallado el San José por la Armada Nacional y la empresa MAC en 2015 “para la SSA se trata del mismo naufragio descubierto en 1982”.

Para el Estado colombiano, la suerte del Galeón “es una prioridad”, debido a su importancia histórica y cultural.

Es por ello, que el contrato firmado en la pasada administración está siendo revisado con lupa, pues se considera “inadmisible” pagar el rescate con hasta el 45% de los bienes que no constituyan patrimonio, es decir monedas y lingotes de oro, por ejemplo.

“Nuestra historia y el legado de nuestros antepasados no terminará convertido en bienes para negociar por anticuarios, coleccionistas ni caza tesoros del mundo entero”, concluyó Ramírez.

Algunos datos sobre el hundimiento

El barco fue hallado el 27 de noviembre de 2015 por personal de la Armada y de la Dimar.

El 25 de octubre de 2011, una corte de Washington declaró el San José como propiedad del Estado.

La empresa Sea Search Armada (SSA) presentó a finales de marzo, sus argumentos para apelar el fallo de la justicia norteamericana, con el fin de reclamar sus derechos sobre el Galeón.