La Procuraduría alertó por la incertidumbre y el “limbo jurídico” en el que se encuentran los arrendatarios de las Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, a quienes ya se les venció el plazo contractual con la Agencia Nacional de Tierras ANT, siguen pagando cánones de arrendamiento, pero aún no se les definen las nuevas condiciones contractuales.

Frente a esto, el Ministerio Público requirió a la ANT, para que en un plazo perentorio e inmediato, atienda las dudas y preocupaciones ante la falta de claridad jurídica e informalidad en la manera en que se adelantan los procesos de contratación para los nuevos acuerdos de arrendamiento y sobre los procedimientos emprendidos para la recuperación de baldíos indebidamente ocupados.

Preocupa especialmente al ente de control, la situación de los contratos de ocupación vencidos en diciembre de 2023 y que debían entregarse el 3 febrero de 2024, disposición sin resolver a pesar de que ya se estableció la norma regulatoria que define los parámetros y condiciones para los nuevos procesos de contratación desde febrero del año anterior. 

Finalmente, la Procuraduría recalcó en que las advertencias y recomendaciones emitidas en su vigilancia preventiva no implican coadministración o intromisión en las decisiones estatales.