La secretaria de gobierno de Villavicencio, Laura Rivas, deberá informar a la Procuraduría, las medidas que adoptó la administración municipal frente al presunto caso de extorsión a dos menores de edad por parte de su vecino, quien les exigía dinero para no publicar ni difundir imágenes íntimas de las víctimas.

Según la denuncia de medios de comunicación, “Las víctimas estaban acorraladas, tenían que pagar o su intimidad quedaría expuesta en internet. Una víctima se negó a pagar y el hombre cumplió la amenaza, empezó a difundir algunas imágenes íntimas, lo que provocó en la menor un problema de depresión que requirió de ayuda profesional para poder superar la situación y arriesgarse a denunciar, esa denuncia permitió la captura del criminal.”

En virtud de lo anterior y por tratarse de un caso en el que se están afectando derechos fundamentales de las adolescentes, el Ministerio Público indagó sobre las medidas de orientación, asistencia jurídica, protección y atención integral prestada a las menores de edad víctimas de violencia de género.

Recordó la urgencia de hacer prevención con campañas que alerten a las niñas y adolescentes sobre los riesgos que corren de ser víctimas de sexting, cuando los agresores deciden publicar imágenes de contenido erótico y sexual mediante aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales o correos electrónicos, lo que puede derivar en conductas como la extorsión, la pornografía o prostitución infantil.