El Consejo de Estado negó una solicitud que presentó el exintegrante del Secretariado de las extintas Farc, Pastor Alape, para suspender los efectos jurídicos de apartes de tres decretos que expidió el Gobierno para regular la entrega de bienes por parte de esta organización, que obtuvieron en el conflicto, con el fin de reparar a las víctimas. 

El excomandante sustentó su petición en que dichas normas generan una obligación a unas personas naturales, los hoy desmovilizados que, dijo, según el Acuerdo de Paz corresponde a las Farc como organización. 

Negaron la petición de suspensión provisional de las reglas que impuso el Gobierno para la elaboración del inventario de los bienes de las Farc que serían utilizados para reparar a las víctimas. Los apartes de los actos administrativos obligan a la exorganización insurgente a garantizar la entrega material y el cuidado de los bienes hasta el momento en que se adelante dicha entrega. 

Para el solicitante, imponer a los firmantes del inventario la obligación de garantizar la entrega material de los mismos y su cuidado, va más allá de los compromisos asumidos por los desmovilizados en el Acuerdo de Paz.

A su juicio, con esta imposición, el Ejecutivo desbordó sus competencias, en la medida en que el Acto Legislativo 1 del 2017 que incorporó a la Constitución normas transitorias para el cumplimiento del Acuerdo, según el criterio del solicitante, solo les atribuía a los firmantes el deber de elaborar dicho inventario.

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El Consejo de Estado sostuvo que las normas demandadas no fueron expedidas fuera de las competencias del Gobierno, en la medida en que el Presidente fue facultado para dictar los reglamentos necesarios para materializar el Acuerdo del fin del conflicto.  

Además, consideró que los deberes impuestos a los desmovilizados para garantizar la entrega material de los bienes y ocuparse de su cuidado son necesarios para atender la obligación de las normas transitorias constitucionales producto del Acuerdo, encaminadas a permitir la entrega de los bienes e incluirlos en un patrimonio autónomo, que constituirá un fondo de víctimas. 

Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, que fundaron los exintegrantes de las Farc para participar en política, dijo que en 2017 entregaron un inventario que superaba los 963.241 millones de pesos (253,5 millones de dólares), aparte de 450 mil dólares y 267.520 gramos de oro. 

Según el Gobierno, del inventario que presentaron las Farc por $967 mil millones era monetizable solo la mitad, y han entregado $43 mil millones, es decir, menos del 5%.