Luego de que la guerrilla de Ejército de Liberación Nacional (Eln) anunciara un paro armado indefinido en la subregión del San Juan, en Chocó, un total de 85 comunidades afro e indígenas, es decir, unas 45.000 personas, son las que están en situación de confinamiento; 7500 de ellas están con doble afectación por la agudización del conflicto armado y factores ambientales o efectos asociados al cambio climático, lo que deriva en una situación de emergencia humanitaria.
Además del paro armado, la confrontación y disputa territorial del grupo rebelde con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) agrava lo que está ocurriendo con las familias asentadas en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí, Taparal y Cajón y en inmediaciones de la carretera Nóvita-Torrá.
El anuncio del paro afecta también a las comunidades indígenas de los resguardos Sanandocito (Sipí), Unión Wounán, Puadó, Mataré, La Lerma, Macedonia (Medio San Juan), Unión Chocó-San Cristóbal, Puadó-Mataré-La Lerma (Istmina), Docordó-Balsalito, Santa María de Pangala, Río Taparal, Tiosidilio, Togoroma, Buena Vista, Río Pichimá, Chagpien, Chagpien Tordó, así como de quienes forman parte de los consejos comunitarios del San Juan-Acadesan y Mayor de Nóvita-Cocoman.
Vulneración de derechos
Los hechos ponen en riesgo y amenazan el ejercicio de derechos y libertades civiles, sociales, económicas y culturales de los pueblos étnicos, toda vez que las personas están siendo expuestas a reiterados eventos de confinamiento, restricción a la movilidad, accidentes con minas antipersonal o artefactos explosivos y desplazamiento forzado.
Agrava el lamentable panorama la limitación en el acceso a servicios esenciales como alimentación, salud y educación, y aún más por las afectaciones ambientales relacionadas con el desbordamiento e inundación del río San Juan.
En consecuencia, es necesario que las instituciones estatales, de manera coordinada, adelanten acciones urgentes de prevención y protección, todas orientadas a la garantía de los derechos fundamentales de la población civil en situación de riesgo o afectada.