En un informe, la ONU señaló que 2019 fue el año más violento contra los excombatientes desde que se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla

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El partido Farc denunció ayer el asesinato del excombatiente Benjamín Banguera Rosales, en el departamento del Cauca.

“Denunciamos el asesinato del reincorporado Benjamín Banguera Rosales en Guapi, Cauca, asesinado con arma de fuego, de dos balazos”, informó la organización política en su cuenta de Twitter. Es el primer homicidio contra un exmiembro de la guerrilla en lo corrido de 2020.

De acuerdo con un informe de la ONU, dado a conocer el pasado martes, 2019 cerró como el año “más violento” contra los exguerrilleros de las Farc desde que se firmó la paz en Colombia, en 2016, tras el asesinato de 77 de ellos.

El organismo, que verifica el acuerdo, publicó un informe en que subraya la alarma del secretario general Antonio Gutérres frente a los crímenes contra los antiguos rebeldes.

En ese sentido, urgió “a que se adopten medidas más efectivas para proteger la vida de los y las excombatientes, teniendo en cuenta especialmente que el 2019 ha sido el año más violento” para ellos.

Según la misión de la ONU en Colombia, en 2019 hubo 77 asesinatos, 20 de ellos en el último trimestre. La cifra supera los 65 casos documentos en 2018 y los 31 en 2017.

“El número total de asesinatos desde la firma del Acuerdo Final de Paz llega ahora a 173, además de 14 desapariciones y 29 intentos de homicidio”, subrayó la organización.

La delegación internacional citó cifras de autoridades locales según las cuales el 80% de los ataques están relacionados con grupos y organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico y otras actividades ilegales como la minería ilegal.

“Sigue habiendo desafíos con respecto al desmantelamiento de las estructuras detrás de estos asesinatos, ya que solo nueve de 67 sospechosos arrestados son autores intelectuales”, comentó en el informe.

La ONU también se refirió sobre la violencia que envuelve a activistas de derechos humanos y líderes sociales. Desde que se firmó la paz, en noviembre de 2016, señaló que son 303 asesinatos, 86 de los cuales corresponden a este año, incluidas 12 mujeres.

Retos para la reincorporación

La ONU expuso varios retos para la reincorporación de excombatientes. En ese sentido, señaló que se debe adoptar una visión “más a largo plazo para los proyectos productivos de los excombatientes a fin de garantizar la sostenibilidad y viabilidad de esos proyectos, lo cual incluye elementos esenciales como el acceso a la tierra y al crédito, la prestación de asistencia técnica, la vinculación de los proyectos a oportunidades comerciales viables, el fortalecimiento de las asociaciones productivas de excombatientes y una participación de las mujeres”.

También seguir aplicando un “enfoque comunitario para que los proyectos productivos involucren y beneficien a las comunidades locales, lo que a su vez ayudará a promover la reconciliación y un desarrollo local más amplio”.

Consideró, además, que es fundamental una “mayor claridad sobre los plazos, ubicaciones, roles y responsabilidades, y mayores esfuerzos de divulgación y comunicación, para reducir las incertidumbres que todavía tienen los habitantes de los antiguos espacios territoriales en términos de sostenibilidad de los servicios de salud, alimentación, vivienda, seguridad, infraestructura y servicios básicos”. Y que se debe avanzar más en “medidas específicas” para apoyar a los excombatientes de origen étnico.

Líderes sociales

Recientemente, el Gobierno reveló otro informe sobre crímenes en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos. De acuerdo con las cifras entregadas, durante 2019 se tuvo registro de 84 casos, mientras que en 2018 fueron 112 asesinatos, lo que mostró reducción de cerca de un 25%.

No obstante, en los últimos días del año se registraron dos nuevos crímenes que muestran el recrudecimiento de la problemática. Estos se presentaron en Tumaco, Nariño, donde fue ultimada la gestora cultural Lucy Villarreal, y en el Huila, donde perdió la vida Reinaldo Carrillo Vera, líder de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.

Varios factores

El Gobierno nacional ha reiterado que no existe en el país una política de exterminio en contra de los líderes. Francisco Barbosa, consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, afirmó que las autoridades han detectado que los crímenes obedecen a múltiples factores.

De acuerdo con el funcionario, los casos de homicidios contra defensores de derechos humanos obedecen a otros factores, como las estructuras criminales del narcotráfico. “Aquí no hay una política de exterminio o una política sistemática, aquí lo que existen son razones diversas que se producen en contra de nuestros líderes sociales, atadas a fenómenos de delincuencia, esa idea de sistematicidad hay que rechazarla”, sostuvo Barbosa.

El Consejero Presidencial hizo un llamado a los nuevos alcaldes y gobernadores que se posesionaron a incluir dentro de sus planes de gobierno estrategias de protección para los líderes sociales y representantes de derechos humanos.

Agregó que el Ejecutivo está comprometido con los territorios, en donde anunció seguirán las autoridades reforzando el diálogo para promover los derechos humanos como parte de una política de Estado.

Por su parte, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, afirmó que en el país sí se está presentando un asesinato sistemático. Po ello pidió medidas urgentes al Gobierno. “Hay que detener el sistemático asesinato de los líderes sociales. Como Ministerio Público le pedimos al Gobierno convocar a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad de manera inmediata y que se asegure su funcionamiento, pues la amenaza es latente y hay que contenerla”, agregó.

Acciones

En días pasados el ex vicefiscal general Francisco José Sintura afirmó que “lo que realmente hay que atacar son los grupos de justicia privada, los llamados grupos de delincuencia organizada que son los reductos que quedaron de las desmovilizaciones y de los paramilitares, además de los grupos de crimen organizado”.

Mientras que Luis Sanabria Durán, director ejecutivo de la Red de Iniciativas por la Paz (Redepaz), consideró que no han frenado los crímenes de líderes sociales “porque los programas que se han montado y los esquemas que se han propuesto desde el Gobierno no han sido concertados ni construidos, ni dinamizados con las organizaciones sociales y comunitarias. Por el contrario se sigue es estigmatizando, señalando a los líderes, deslegitimando su trabajo”.

La defensora de derechos humanos Jhenifer Mojica Flórez señaló que la respuesta del Gobierno a la violencia contra líderes sociales “se enfoca en las consecuencias y no en las causas de los asesinatos. Lo que sabemos del estudio de cuáles son las víctimas, cuáles son los patrones de violencia y de estigmatización” es que hay un grupo poblacional que es blanco de los ataques por las acciones que adelanta en favor de diversas causas sociales. Afirmó que para prevenir estos asesinatos se debe verdaderamente judicializar a los responsables, no solo los materiales sino también a los intelectuales, y en segundo lugar que “se escuche a las comunidades en sus propuestas de protección y prevención”.

Esclarecimiento

Un informe reciente de la Fiscalía señala que ha sido posible el esclarecimiento de 180 casos, de los más de 300 crímenes de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, reportados por la Oficina de Naciones Unidas entre 2016 y 2019.

En su oportunidad los investigadores, indicaron que se trata de una cifra récord en los últimos tres años al presentarse una efectividad del 58% en los reportes recibidos por las autoridades.

“En 2016 la Fiscalía diseñó una estrategia de investigación para homicidios y amenazas la cual ha permitido alcanzar el índice más alto de esclarecimiento en la entidad con un 58%, que contrasta con el 22,8% del homicidio en general con corte a julio de 2019, dijo el vicefiscal general Jaime Camacho.