Si bien ese tipo de infraestructura es necesaria para el desarrollo del país, varios ambientalistas advierten que la construcción de algunos proyectos podría generar desastres naturales

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Desde la pasada legislatura el tema ambiental ha suscitado fuertes debates en el Congreso. Y los continuará dando debido a la construcción de nueva infraestructura portuaria que tiene fuerte resistencia por su impacto ecológico.

La discusión se encendió con la aprobación del Artículo 78 del Plan Nacional de Desarrollo (PND): “Tratándose de concesiones portuarias, entiéndase como puerto greenfield el nuevo emplazamiento portuario construido en aguas profundas que requieren el desarrollo de toda la infraestructura complementaria de accesos marítimos y terrestres, así como la conectividad con otros modos de transporte y de comunicaciones con el resto del país y el mundo. Para este tipo de concesiones, el financiamiento de las inversiones requeridas en accesos y conectividad podrá ser contemplado en el Plan de Negocio del concesionario, y el plazo de la concesión podrá ser hasta de 80 años, de conformidad con el presente artículo”.

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Polémica por Tribugá

Algunos críticos como el senador Iván Marulanda y la representante vallecaucana Catalina Ortiz, ambos de la Alianza Verde, anunciaron, en su momento, que la construcción del puerto de Tribugá quedaba autorizada con este artículo y que su construcción puede afectar una de las zonas más diversas del planeta.

Ortiz, en diálogo con EL NUEVO SIGLO, sostuvo que en el Plan Plurianual de Inversiones sí quedó incluido el proyecto, pero posteriormente le fue retirada la palabra Tribugá.

“En el primer proyecto que presentó el Gobierno al Congreso, en el artículo 4 del Plan Plurianual de Inversiones venía incluido el proyecto, sin embargo, para el segundo debate el Gobierno le cambió el nombre. Se llamaba primero Puerto Multimodal de Tribugá y le cambiaron el nombre por Puerto Multimodal de Aguas Profundas en el Pacífico Norte. Entonces es un poco engañoso. Uno de los llamados al Gobierno es que se sinceren con los colombianos”, sostuvo.

Y añadió: “Quieren hacer Tribugá, como lo ha manifestado en varias ocasiones la Ministra, como lo ha manifestado el partido de gobierno por intermedio de congresistas del Eje Cafetero”.

“En Colombia usamos menos de la mitad de la capacidad instalada de los puertos. En Buenaventura estamos usando el 75% de la capacidad. La pregunta es qué es más barato: ¿Mejorar las condiciones de Buenaventura, hacer el dragado o hacer un nuevo puerto con un daño ambiental terrible? Nosotros tenemos claro que es mucho más eficiente en términos de desarrollo concentrarnos en Buenaventura y dejar que en Chocó encuentren otras posibilidades de desarrollo”, dijo.

Sin embargo, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, negó en su momento que en el PND el puerto fuera una de las prioridades, según dijo, “quedó establecida la posibilidad de que haya un nuevo puerto en el Pacífico colombiano, pero este no tiene un nombre definido. Dijo, además, que la carretera Las Ánimas-Nuquí, que sería clave para la viabilidad del puerto, no estuvo presupuestada dentro del Plan”.

Y agregó que en ese artículo se habla que para nuevos emplazamientos portuarios, ubicados en aguas profundas y cuya inversión es 100% privada, “se está permitiendo que la concesión no sea a 20 años sino hasta por 40 años”.

“Ese es un artículo general, transversal; cualquiera que cumpla esos requisitos, que presente una solicitud y que lo que busque es que se desarrollen nuevos polos de desarrollo y no que se sigan aprobando nuevos puertos dentro de los mismos centros portuarios, se le podría otorgar una concesión hasta por 40 años”, añadió.

Antes de la aprobación del PND, el mismo presidente Iván Duque sostuvo, desde Filandia, Quindío, que el puerto Tribugá “es una de mis obsesiones en materia de infraestructura. Pero, ese puerto tiene viabilidad en la medida que se mejoren las arterias de conexión. El corredor Ánimas-Nuquí, es bien importante, tiene unos elementos de sensibilidad grandes que hay que resolver con mucho rigor con el Ministro de Ambiente”. Por ahora no se ha tomado ninguna otra decisión al respecto de la construcción de la obra.

También en Taganga

El denominado puerto de Las Américas también encendió la polémica. El viernes varios miembros del Congreso realizaron una audiencia pública en Taganga sobre la construcción de la megaobra. “La Sociedad Portuaria de Las Américas pretende construir un Puerto Multipropósito que afectaría gravemente el ecosistema marino y la economía local, sin consultarlo previamente con las comunidades y sin contar con los requerimientos que ordena la ley para tal fin”, aseguró el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde.

Y agregó que “con la construcción y operación del Puerto Multipropósito se vería seriamente afectado el suelo marino, se impactan las rutas de navegación de los botes de pesca artesanal por cuenta del tránsito de grandes embarcaciones, pero lo más angustiante para la región es el riesgo latente de derrames de líquidos contaminantes como ya ocurrió en más de cuatro oportunidades en esa zona y donde se regaron más de 90 toneladas de aceite”, explicó Sanguino.

Sin embargo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ya autorizó, en 2017, la modificación de la licencia ambiental solicitada para la construcción y operación del puerto que según primeras informaciones tendrá un valor de 12 millones de dólares.

La modificación de la licencia ambiental está contemplada en la resolución 00178 del 12 de febrero de 2018 y obliga a la empresa constructora a cumplir el Plan de Manejo Ambiental y reportar las actividades en cada una de las fases del proyecto

El proyecto espera recibir buques de hasta 50 mil toneladas para priorizar el descargue de graneles líquidos, entre ellos aceites vegetales y derivados, crudos de palma, aceite de palmiste, estearinas, aceite de soya, ácidos grasosos, petróleo crudo, bases de lubricantes, diésel y nafta.

Quienes se oponen a la construcción del puerto recuerdan que en 2008, uno de los tanques de almacenamiento de aceite vegetal reventó ocasionando una emergencia ambiental que demoró cerca de dos años para desaparecer. Los habitantes de la zona indican que con la llegada y salida de barcos temen que pueda suceder lo mismo.

Sin embargo, José Miguel Berdugo, miembro de la Asociación de Empresarios del Magdalena, sostuvo al diario El Heraldo que “hay mucha desinformación sobre este puerto, se manipula y se está utilizando para hacer campañas políticas. El documento, es decir la resolución, explica claramente que se debe cumplir con todos los requerimientos ambientales, que, solo serán dos embarcaciones a la semana, que se debe proteger la actividad de los pescadores y se trata de un sistema moderno con tuberías que hace más segura su operación”.