A principios de agosto del 2019 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) destacó que el área sembrada de cultivos ilícitos en Colombia era de 169.000 hectáreas, lo que se tradujo en una pequeña reducción del 1,2% con relación al 2017.

Pese a que dicho anuncio fue celebrado por el presidente Iván Duque, quien subrayó que por primera vez en siete años se quebró la tendencia de crecimiento exponencial de los cultivos de coca en el país, el jefe de Estado olvidó decir que hay varias zonas contrarias a la media nacional, entre ellas la región del Catatumbo, en el departamento fronterizo del Norte de Santander.

De acuerdo a un informe entregado a la Agencia Anadolu por el Ejército Nacional de Colombia, en este departamento se han registrado más de 28 mil hectáreas de cultivos de coca, siendo Tibú, Sardinata, El Tarra, Teorama, San Calixto y Hacarí los municipios más afectados.

En el Catatumbo tiene presencia desde hace más de 10 años la Brigada Especial Contra el Narcotráfico, y desde hace poco más de un año el Batallón Contra el Narcotráfico Nº 1. Ambos trabajan en la erradicación de cultivos declarados ilícitos, haciendo relevos con diferentes batallones.

En esta zona del país el Estado se disputa el control territorial con grupos como el ELN, disidencias de las Farc y Grupos Armados Organizados (GAO), lo que dificulta acabar con el problema de las drogas ilícitas.

Para el teniente coronel Jesús Antonio Murcia Quiroga, comandante del Batallón contra el Narcotráfico Nº 1, lo primero que se debe tener en cuenta es la “influencia de grupos armados al margen de la ley” en esta parte del país, pues el “narcotráfico es su principal fuente de financiamiento”.

La situación se complica al considerar que, además de los terrenos ocupados por los grupos ilegales, campesinos y habitantes locales cultivan la mata de coca y la venden a los grupos armados “por necesidad”, entrando a la “cadena de narcotráfico”.

El representante legal de la comunidad Motilón-barí, Ashcayra Arabadora, le dijo a la Agencia Anadolu que “territorialmente ese es un problema, un dolor de cabeza para muchos, pero igual, gran parte del personal en el Catatumbo lo hace por necesidad”.

El Estado colombiano libra la batalla contra el narcotráfico de diferentes maneras. Una de ellas es la sustitución voluntaria de cultivos y la otra es la erradicación forzosa, que se puede hacer mediante aspersión aérea (suspendida por el Consejo Nacional de Estupefacientes desde 2015) o manual por medio de grupos móviles de la Policía Nacional a cargo de personal militar y organizaciones civiles.

Según el reporte de la Fuerza de Tarea Vulcano, en un año de trabajo, el Batallón Contra el Narcotráfico ha logrado erradicar más de 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en el Catatumbo. Una de las mayores complicaciones para la erradicación en esta región es que en su interior está el resguardo indígena del pueblo Motilón-barí, que tiene una extensión de 122.000 hectáreas, a la cual no puede ingresar la fuerza pública sin el consentimiento de la comunidad.

Esta situación es aprovechada por los grupos ilegales y los civiles que se dedican al negocio de la coca. “Podríamos decir que están presionados por miembros de grupos ilegales, y como ellos saben que son áreas de reserva aprovechan para sembrar allá, porque saben que nosotros tenemos restricciones”, dice el teniente coronel Murcia.

Sin embargo, Ashcayra Arabadora rechaza esta hipótesis y afirma que la hoja de coca no es de uso tradicional de dicha comunidad. Agrega que debido a la poca presencia del Estado en la zona, la seguridad y economía locales se han visto muy afectadas, “llevando a que el campesinado busque otras alternativas para generar ingresos”.

La solución que plantea el pueblo indígena para acabar con este problema es que el Estado busque un diálogo con la comunidad. “Uno entiende que el reto es cómo poder acabar con los cultivos, pero una cosa es sentarse en un escritorio a decir vamos a hacer esto, y otra es ir a hablar personalmente con la gente y poder llegar a un acuerdo donde se puedan satisfacer las necesidades de los diferentes actores”, concluye Arabadora.