El relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y ambiente, David Boyd, le pidió ayer a Colombia desde Ginebra (Suiza), que suspenda, al menos temporalmente, las actividades de la mina de carbón El Cerrejón ya que afecta “gravemente” el entorno y la salud del pueblo indígena Wayúu.

“Llamo a Colombia a implementar las directrices de su propia Corte Constitucional y a hacer más para proteger a la vulnerable comunidad Wayúu, de la reserva indígena de Provincial, contra la contaminación de la enorme mina El Cerrejón, y contra el covid-19”, dijo Boyd.

Agregó el diplomático que al menos mientras dure la actual pandemia deberían suspenderse las operaciones en el sitio conocido cono Tajo Patilla, cerca de la reserva indígena, pues explicó que “respirar aire contaminado y carecer de acceso a agua potable, debido a las actividades mineras, incrementa el riesgo de enfermedades y durante la pandemia, la situación puede convertirse en una amenaza mortal”.

En ese sentido, el experto canadiense sostuvo que “la ciencia es clara: las personas que viven en zonas con niveles altos de contaminación del aire -como la de los alrededores de la mina El Cerrejón-, se enfrentan a un mayor riesgo de muerte prematura por covid-19”.

El Cerrejón es el yacimiento más grande a cielo abierto de América Latina y base de la producción carbonífera de Colombia, que alcanza 80 millones de toneladas anuales.

El Cerrejón ha explotado 13.000 de las 69.000 hectáreas que recibió en concesión en 1985 el consorcio propiedad de las trasnacionales Glencore, europea, BHP, australiana, y Anglo American, británica.

Los ambientalistas, por su parte, han incrementado sus protestas argumentando que la explotación carbonífera libera partículas que enrarecen el aire, a la vez que consume entre 17 y 34 millones de litros de agua al día.

“Es absolutamente vital que Colombia proteja los derechos de los pueblos indígenas a la vida, la salud, el agua, el saneamiento y a un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible”, concluyó el diplomático.