En uno de los llamados más descarnados que hasta el momento ha realizado el presidente Iván Duque a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) le pidió este lunes que garantice verdad, justicia y reparación, en relación con el papel que tiene esta instancia creada por el acuerdo de La Habana de sancionar los graves delitos que se cometieron en el conflicto armado.

“Tengo la ilusión de que la justicia transicional sea implacable con quienes no digan toda la verdad y que tenga herramientas oportunas y certeras para poder demostrar que se ha ocultado información”, aseguró el Jefe de Estado en el ‘II Foro Interamericano de Derechos Humanos’ que organizó la Procuraduría General de la Nación.

Asimismo, el Mandatario manifestó que espera que en la implementación de esta justicia exista “proporcionalidad en las sanciones” y se respeten los compromisos del país adquiridos en el Estatuto de Roma y con la Corte Penal Internacional (CPI).

Añadió Duque, en clara referencia al pulso que han librado la JEP y la Fiscalía por la competencia sobre los bienes no declarados hasta el momento por las Farc que, “tengo la ilusión de que con la justicia transicional podamos avanzar –el Estado, el Gobierno nacional y la Fiscalía- en la extinción del dominio de todos los bienes que no fueron debidamente declarados para reparar efectivamente a las víctimas”.

De hecho, el Jefe de Estado consideró que solo mediante una reparación moral, económica y material las “víctimas no se sentirán revictimizadas”.

También el Presidente de la República reiteró, esta vez entrelíneas, a la JEP un llamado para definir si ex comandantes de las Farc como Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias ‘El Paisa’ o ‘Iván Márquez’ están cumpliendo con sus obligaciones dentro del Acuerdo de Paz, pues desde hace meses se desconoce su paradero.

“Tengo el enorme anhelo de que en Colombia podamos exigir de manera categórica, que los llamamientos ante la justicia transicional no se atiendan solamente con apoderados o por misivas sino que haya una presencia física y una voluntad real para que las víctimas no sientan que (los victimarios) están eludiendo la responsabilidad”, sentenció el Presidente.

En ese orden de ideas, aseveró que la paz debe ser un compromiso de todos los colombianos y que el Estado tiene que velar para que quienes están genuinamente en la reincorporación logren avanzar hacia la vida en convivencia.

“Que podamos apoyarlos en proyectos productivos, hacer presencia en las regiones y avanzar en el matrimonio de seguridad y justicia, pero también, sancionar y ser implacables contra quienes quieran seguir en la violencia”, enfatizó el Mandatario.

Insistió en que si bien la paz es “un anhelo nacional” y que esta “no es de derecha ni de izquierda”, hay que garantizar que el “imperio de la ley sea su garante” para evitar la expansión de los cultivos ilícitos y la nueva presencia de grupos armados ilegales al servicio de los carteles trasnacionales.

Vale recordar que Duque en sus tiempos de senador junto con el partido del que hace parte, el Centro Democrático, realizaron serios cuestionamientos a la JEP dentro del rechazo generalizado al Acuerdo de Paz con las Farc que suscribió el anterior gobierno.

En noviembre pasado el presidente Duque dijo: “La JEP tiene un desafío muy grande y es ganarse la credibilidad del país”.

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Jurisdicción se defiende

Precisamente, este lunes la presidenta de la JEP, magistrada Patricia Linares, indicó en el Urabá antioqueño durante un acto en donde diferentes organizaciones, como la Comisión Intereclesial de Justicia, le entregaron un informe sobre hechos victimizantes en esta región, que, “este modelo de justicia fue diseñado para las víctimas. Tengan presente que esta información es muy importante y valiosa en nuestra labor".

Linares también ha señalado que “la JEP actuará con autonomía, rigor e independencia…el nuevo modelo que se impone es el de interpretar una nueva hermenéutica, es generar una nueva jurisprudencia que emana de la consecución de la verdad, de aplicar una justicia restaurativa, sin perder de vista la importancia de contribuir a que los responsables sean sancionados por los crímenes de guerra y de lesa humanidad".