Tras conocer las diferentes denuncias ciudadanas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos que habrían tenido lugar en el Portal Américas, el secretario de gobierno (e) Camilo Acero y el gerente de Transmilenio, Felipe Ramírez, se trasladaron al lugar para esclarecer los hechos ocurridos durante la noche del 12 de mayo en el sistema.
“Desde esta mañana estamos trabajando con los vecinos, con la comunidad, oyendo las quejas y tomando decisiones para poder prevenir posibles vulneraciones a los derechos humanos”, indicó en horas de la mañana Camilo Acero, secretario de Gobierno encargado.
El recorrido estuvo acompaño por varios representantes de la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital, quienes verificaron los elementos y las órdenes de servicio del Esmad. Así mismo, el Distrito revisó las cámaras de seguridad del Portal Américas y entrevistó a los guardas de seguridad y constató que ningún detenido o herido ingresó al Sistema durante la noche del 12 de mayo.
Le puede interesar: 9000 toneladas de alimentos llegan al Valle gracias al Ejército
“Sabemos que hace unos días hubo una denuncia similar que ya estamos investigando. Reiteramos a la Policía que ingresar detenidos a las instalaciones del Sistema de Transmilenio está prohíbo, constatamos que la medida se está cumpliendo”, aseguró el gerente de Transmilenio, Felipe Ramírez.
El Distrito pudo verificar que varios funcionarios de la Personería Distrital, de manera conjunta con los gestores de diálogo de la Secretaría de Gobierno realizaron un recorrido por las instalaciones del Portal Américas durante la noche del 12 de mayo y no identificaron un mal uso del Sistema por parte de los uniformados ni de la Policía Metropolitana ni de miembros del Esmad.
Por último, es importante resaltar que desde el pasado martes 4 de mayo, Bogotá cuenta con 22 comisiones de derechos humanos, que han estado ubicadas en los puntos donde se han presentado disturbios, en las URI, Centros de Traslado por Protección y algunas estaciones de Policía, durante los últimos 16 días, para garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos durante las manifestaciones.