En el marco del debate de control político que se llevó a cabo ayer en la Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá, el secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez informó que desde el pasado 28 de abril, día en el que comenzaron las movilizaciones, el Distrito ha recibido 15 quejas de presunto abuso de autoridad policial hacía periodistas y reporteros gráficos.

A este respecto, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) informó que, en el transcurso de dos meses, se han denunciado 73 casos de periodistas lesionados en la ciudad de Bogotá en el ejercicio de su labor, y dichas agresiones han sido perpetradas no solo por miembros de la Fuerza Pública, sino también por particulares y desconocidos.

La Secretaría de Gobierno, en rechazo a este tipo de actuaciones, activó de manera inmediata la ruta de atención para estos casos: solicitó a la Fiscalía General de la Nación la recepción de las denuncias respectivas y está a la espera de que las investigaciones avancen con celeridad.

Así mismo, se ha abierto un espacio de diálogo a través de la Dirección de Derechos Humanos entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, Esmad, y vocerías de reporteros y periodistas, con el acompañamiento de los gestores de Diálogo Social y de Seguridad y Convivencia, con el ánimo de fortalecer las garantías de su trabajo en terreno y reforzar la importancia de los mecanismos de denuncia. 

Además lea: Bogotá: séptima ciudad con más muertes por cada 100 mil habitantes

Derecho a informar

Punto aparte, la Secretaría de Gobierno avisó que el derecho a la manifestación, movilización y protesta pacífica también implica garantías para que cualquier ciudadano pueda documentar y registrar lo que está ocurriendo.

“Desde el Distrito no se tolerará ningún tipo de limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de prensa en la ciudad, ni de agresiones que provengan de la fuerza pública y de los manifestantes”, afirmó Gómez.

Agregó que el artículo 13 de la Convención Americana señala explícitamente que “el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a censura previa o a restricciones indirectas”, y el acceso a la información constituye un bien común y uno de los pilares más importantes de cualquier democracia.

También en el marco de la legislación nacional, la garantía a las libertades de expresión y de prensa, reconocidas taxativamente en el artículo 20 de la Constitución Política, contribuyen al fortalecimiento de la paz y a la protección de los derechos humanos, por lo tanto, en ninguna circunstancia o contexto puede desconocerse ni restringirse el derecho a informar.

Aseguró que desde el Distrito se seguirá poniendo en conocimiento de las autoridades competentes cualquier tipo de agresiones físicas, amenazas, daños a equipos y hostigamientos relacionados con la cobertura de las protestas, a fin de que se adelanten las investigaciones pertinentes y se impongan las sanciones correspondientes por cualquier obstrucción al trabajo periodístico. 

La Alcaldía Mayor de Bogotá hizo, por último, un llamado a todas las entidades y sectores sociales a actuar bajo el principio de no estigmatización que rige los protocolos de acompañamiento a las movilizaciones en la ciudad. Es una responsabilidad compartida lograr que se respeten las diversas visiones y posturas sobre los asuntos que correspondan. Solo así se puede garantizar una convivencia pacífica.