La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 010-2024 debido a que la población residente y en tránsito de la zona rural (media y alta montaña y sectores suburbanos) de Buga, San Pedro, Ginebra, Guacarí, El Cerrito y Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, corre un inminente riesgo de vulneración de sus derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad.

“El recrudecimiento del conflicto armado y la violencia se debe a las acciones de expansión, avance y disputa del naciente Frente 57 ‘Yair Bermúdez’, disidente de las Farc, cuyo fin son los territorios de control de estructuras del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, especialmente del Frente Adán Izquierdo, apoyado por el Frente Dagoberto Ramos, de las también disidencias de las Farc”, indica el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

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Los seis municipios, al estar ubicados en la cordillera Central, son un corredor de movilidad histórico para las estructuras armadas ilegales que pretenden comunicación entre los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Tolima, conectándose por el páramo de Las Hermosas.

En consecuencia, el Defensor exhorta a los entes gubernamentales, así como a los cuerpos de seguridad de la nación, a proteger a los habitantes no solo de los seis municipios advertidos en la Alerta Temprana, sino del Valle del Cauca, “pues los conflictos internos entre frentes de las disidencias de las Farc han conllevado un incremento en las violaciones a los derechos humanos por la consumación de homicidios selectivos, masacres, amenazas, restricciones a la movilidad, imposición de horarios, retenes ilegales”.

También han sido registrados hechos relacionados con hurtos, extorsiones, uso, utilización y reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes (NNA), entre otras conductas e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), que afectan la vida social, económica y comunitaria de los habitantes de esos territorios vallecaucanos.

La Defensoría del Pueblo envió recomendaciones a las autoridades civiles, de policía y militares para evitar que se presenten homicidios selectivos individuales, desapariciones forzadas, masacres, desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos, restricciones al libre tránsito, enfrentamientos con interposición de la población civil, amenazas individuales y colectivas, ataques indiscriminados con artefactos explosivos improvisados y el uso, utilización y reclutamiento de NNA.

“Las instituciones del Estado deben implementar medidas excepcionales y prioritarias para salvaguardar a las comunidades, y así evitar graves afectaciones contra su vida e integridad y bienes y medios de subsistencia”, enfatizó Carlos Camargo Assis.