UNA ALERTA Temprana de Inminencia (ATI) emitió la Defensoría del Pueblo, en medio del peligro que corren diez pueblos indígenas del resguardo Caño Mochuelo, ubicado en zona rural de los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo (Casanare).

El riesgo al que hace referencia el organismo se debe al control territorial que ejerce el Frente 28 José María Córdoba, del Comando Conjunto de Oriente de las disidencias de las Farc, y el ingreso a la zona de otras estructuras armadas no estatales los tienen en riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales.

“Los pueblos Sikuani, Piapoco, Sáliba y Amorua (de tradición sedentaria: que permanecen en un mismo lugar durante generaciones) y los Maiben Masiware, Wamonae, Waüpijiwi, Yamalero −Mayaleros− Tsiripus y Yaruros, que reúnen un total de 15 comunidades, al considerárseles nómadas, son únicos en el mundo; no obstante, se encuentran solamente con su protección territorial en la extensa sabana del extremo nororiental del departamento”, destacó la Defensoría en comunicado de prensa.

Es tan delicada la situación, que integrantes del disidente Frente 28 obligan a las autoridades tradicionales indígenas a tomar medidas sobre ciertos comportamientos de las diez poblaciones, según el órgano que protege los derechos humanos de la población.

También aseguró que “de no hacerlo, no solo las autoridades étnicas, sino todos los indígenas de las comunidades son sometidos a la propia ‘justicia’ del grupo rebelde, con tal de tener el control absoluto”.

Ante el escenario de vulneración de los derechos a la vida, integridad, seguridad, libertad, además de otros, de las comunidades indígenas, la Defensoría del Pueblo requiere la intervención urgente de la institucionalidad estatal, a partir de un trabajo articulado y diferencial, teniendo en cuenta la tradición cultural nómada.

Se informó que el resguardo Caño Mochuelo es susceptible de enfrentamientos armados, razón por la que podría verse envuelto en consecuencias nefastas.