Dos vidas fueron segadas en un tramo de carretera en La Plata, Huila. Rubén Darío Castro, de 61 años, y Adela Chirlo Pardo, de 53 años, se encontraban en una motocicleta, cuando fueron abordados por individuos armados pertenecientes, presuntamente, a disidencias de las Farc.
El suceso tuvo lugar durante la noche del sábado 17 de febrero de 2024, en la carretera que conecta La Plata con Inzá, Cauca. Según testigos, miembros de las disidencias de las Farc habían montado un retén ilegal en el lugar, donde detuvieron a la pareja que transitaba en una motocicleta.
Ignorando las instrucciones de detenerse, presuntamente dadas por los individuos armados, Rubén Darío Castro, quien conducía la motocicleta, optó por continuar su trayecto. Este acto desencadenó una respuesta violenta por parte de los atacantes, quienes abrieron fuego contra la pareja sin mediar palabra, segando sus vidas en un instante de horror.
Rubén Darío Castro tenía un historial judicial controvertido, con ocho denuncias en su contra por una variedad de delitos, mientras que su esposa, Adela Chirlo Pardo, enfrentaba una denuncia por estafa. Sin embargo, nada justifica la violencia desmedida que les arrebató la vida de manera tan trágica.
Las autoridades locales, en coordinación con el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, han iniciado una exhaustiva investigación para esclarecer los detalles de este crimen atroz y llevar a los responsables ante la justicia. Se presume que los atacantes podrían pertenecer a estructuras como el frente Ismael Ruiz o el frente Dagoberto Ramos, que operan en la región.
Este incidente no solo enluta a las familias de las víctimas, sino que también resalta la persistencia de grupos armados ilegales en la zona, sembrando el terror y la inseguridad en comunidades vulnerables. La presencia del Estado se hace cada vez más imperativa para garantizar la protección de los ciudadanos y erradicar la violencia que aqueja a estas regiones.
Mientras tanto, en otros municipios cercanos como Buenos Aires, Cauca, la población también se enfrenta a situaciones de riesgo debido a la ruptura del cese bilateral al fuego acordado entre el Gobierno y el Estado Mayor Central de las Farc. La comunidad se ve obligada a vivir bajo amenazas y presiones de grupos armados, evidenciando la compleja realidad de seguridad que persiste en algunas áreas del país.