Diego Cadena rechazó los cargos de soborno y fraude procesal presentados en su contra  ante un juez de conocimiento de Bogotá.

La Fiscalía, por su parte, al inició el juicio afirma tener una serie de pruebas que sugieren un supuesto plan del procesado para influir en testimonios clave, vinculados tanto al abogado como a su colega Juan José Salazar.

La Fiscalía delinea su línea de argumentación, subrayando la existencia de un entramado delictivo destinado a manipular declaraciones judiciales. Según el fiscal del caso, Daniel Hernández, este presunto plan criminal se remonta a julio de 2017, cuando Cadena y Salazar supuestamente concertaron esfuerzos para influir en testimonios relacionados con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el senador Iván Cepeda.

Hernández detalló en la audiencia que "hubo un plan criminal para engañar a la Corte Suprema de Justicia" mediante la manipulación de declaraciones falsas. Este plan, según la Fiscalía, involucraba la búsqueda activa de testigos dispuestos a cambiar sus testimonios a cambio de incentivos económicos y judiciales.

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El fiscal destacó que las reuniones documentadas entre los investigados a mediados de 2017 evidencian la intención de pervertir la justicia. "Se buscó que declararan falsamente contra el senador Iván Cepeda", señaló, agregando que este esfuerzo se reactivó en 2018 tras una decisión desfavorable para los intereses de Álvaro Uribe Vélez.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía incluyen grabaciones de comunicaciones entre Cadena y testigos clave, así como testimonios que corroboran la supuesta influencia indebida ejercida por el abogado en distintos centros carcelarios del país.

En su defensa, Cadena se ha mantenido firme en su inocencia, negando categóricamente las acusaciones en su contra. En una audiencia virtual, el abogado reiteró: "No acepto cargos, su Señoría", haciendo patente su postura ante el proceso judicial que enfrenta.

A medida que el juicio avanza, la atención se centra en la capacidad de la Fiscalía para sostener sus acusaciones y en la habilidad de la defensa para contrarrestar las pruebas presentadas. En un caso que ha polarizado la opinión pública y puesto en entredicho la integridad del sistema judicial colombiano, el desenlace de este proceso tendrá repercusiones significativas tanto en el ámbito legal como en el político.